El anuncio de un significativo recorte al Poder Judicial en México ha provocado una respuesta contundente por parte del sindicato de trabajadores de este sector, desencadenando un paro de labores, bloqueos viales y movilizaciones a nivel nacional. La medida involucra la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, lo que ha generado una ola de protestas en el país.
El recorte, aprobado por la fracción parlamentaria de Morena y sus aliados en el Congreso, asciende a 15.450 millones de pesos y afecta a los fideicomisos en la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral. Algunos de estos fideicomisos fueron creados para cubrir bonos, prestaciones y pensiones de jueces, así como costear gastos como gasolina y peajes en autopistas para ministros.
Los defensores del recorte argumentan que los recursos no se administran con transparencia y benefician principalmente a los mandos superiores, lo que ha suscitado la oposición del sindicato de trabajadores del Poder Judicial.
El sindicato ha convocado a manifestaciones en varias partes del país, incluyendo la Ciudad de México y otros estados, en respuesta a la eliminación de los fideicomisos, que consideran un atentado contra sus derechos laborales. Además de las protestas, planean realizar bloqueos y vestir de blanco como forma de protesta a partir del 16 de octubre.
También se ha sumado al reclamo el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal A.C., junto con el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), con la intención de formar un frente común.
Estas movilizaciones buscan hacer frente al recorte presupuestal, al tiempo que expresan su desacuerdo con las constantes críticas del presidente López Obrador hacia el Poder Judicial. El mandatario ha afirmado que los trabajadores no se verán afectados por la extinción de los fideicomisos y que los recursos liberados podrían destinarse a programas sociales.
En respuesta a la situación, el sindicato ha planeado una protesta en la Cámara de Diputados el 24 de octubre, coincidiendo con el inicio del Parlamento Abierto para el presupuesto de 2024. Otras acciones incluyen la colocación de mantas con consignas en los edificios de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal en todo el país, así como manifestaciones al exterior de estos inmuebles y el uso diario de ropa blanca a partir del 16 de octubre.
