La activista Roberta Carrillo Zambrano ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del Poder Judicial del Estado, Arturo Salinas, por los delitos de coalición y enriquecimiento ilícito.
En la denuncia, Carrillo Zambrano señala que, entre los años 2020 y 2023, Salinas declaró ingresos superiores a los 40 millones de pesos bajo el rubro de “otros ingresos” en su declaración patrimonial. Sin embargo, no especifica el origen de estos fondos, motivo por el cual se exige a la Fiscalía Anticorrupción obtener dicha información.
“Aparte de su ilegal y absurda toma de protesta como gobernador interino, que he estado denunciando en redes, se ha hecho público que en los últimos tres años Arturo Salinas recibió más de 40 millones de pesos que no ha podido justificar de forma legal, lo cual no resulta razonable ni lógico en cuanto al cargo que desempeña”, afirmó Carrillo Zambrano.
Según el artículo 132 de la Constitución del Estado, el titular del Poder Judicial no puede tener cargo alguno del Gobierno o particulares, siendo la única manera de justificar estos ingresos. La activista subraya que no resulta lógico que un magistrado reciba tal cantidad de dinero, y cuestiona su origen y su impacto en la imparcialidad de la justicia.
Además, al aceptar ser nombrado gobernador interino por el Congreso, Salinas violó la ley, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al acordar con diputados del PRI y del PAN, se le acusa de incurrir en el delito de colusión.
Carrillo Zambrano sostiene que, ante estos hechos, Salinas debería ser destituido de su cargo y exhibido como un político partidista sin experiencia como juez.
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