El Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo del Estado de Puebla, José Luis Evaristo Villegas, admitió a trámite una demanda de amparo promovida por el abogado Fernando Urbano Castillo Pacheco en contra de cualquier acuerdo, convenio o contrato que permita a médicos cubanos laborar en nuestro país.
Sin embargo, el juzgador federal se negó a suspender la labor de los galenos que va a contratar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por considerar que el acto reclamado es “de realización incierta, tanto en su ejecución como en sus efectos”, por lo que no existe certidumbre sobre su realización y tampoco se puede conceder la medida cautelar solicitada.
Ante dicha resolución tomada el pasado 24 de mayo, el abogado quejoso presentó un recurso de queja con el propósito de que un tribunal colegiado suspenda cualquier actividad de los 500 médicos provenientes de Cuba, bajo el argumento de que no han homologado sus estudios de medicina con las leyes mexicanas.
En su demanda de amparo, el citado abogado reclama la suscripción de cualquier “convenio, acuerdo o contrato con el Gobierno de la República de Cuba, por virtud del cual un grupo de médicos formados en dicho país habrá de trasladarse a México para brindar servicios de atención médica a la población, sin que se haya cerciorado de su calidad ni se hayan homologado sus estudios, conforme a la normatividad de la materia”.
El escrito también impugna que los médicos cubanos carecen de conocimiento sobre la incidencia de enfermedades entre la población mexicana ni conocimiento de las enfermedades endémicas por cada región, por lo que el abogado quejoso califica la contratación de los galenos como un acto irregular y un posible acto de trata de personas por el tipo de contratos que se firman con el gobierno de Cuba.
De acuerdo con el expediente 933/2022, las autoridades señaladas como responsables en sus respectivas materias son el presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; el Secretario de Relaciones Exteriores; y el Secretario de Salud del Gobierno Federal, reclamando la inconstitucionalidad del acuerdo, el incumplimiento de normas sanitarias y hasta la obligación del Estado mexicano de combatir violaciones a derechos humanos.
A pesar de que el abogado Fernando Urbano Castillo solicitó la suspensión de la labor de los médicos cubanos, el juez de la causa resolvió no otorgar la suspensión provisional, por tratarse de actos inciertos.
Por lo anterior, este presentó un recurso de queja que podría resolverse a más tardar en dos semanas por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Estado de Puebla.
