El Congreso local aprobó en primera vuelta, la iniciativa constitucional conocida como “3 de 3 Contra la Violencia”, que busca cerrar el paso a agresores en cargos públicos.
La reforma prohíbe que personas con antecedentes de violencia familiar, agresiones sexuales o que sean deudoras alimentarias puedan acceder a puestos de elección popular o desempeñarse como servidores públicos.
Durante la discusión en el Pleno, diputadas de diversas bancadas coincidieron en que esta medida representa un paso firme para proteger a mujeres, niñas, niños y familias que han sido víctimas de violencia.
“En Nuevo León no puede haber espacio en el servicio público para quienes han lastimado a mujeres o incumplen con sus responsabilidades familiares”, expresó la diputada Berenice Martínez, de Morena.
La panista Claudia Caballero se sumó al respaldo, destacando que es inadmisible que agresores o deudores alimentarios ocupen funciones públicas que requieren integridad, ética y compromiso con la ciudadanía.
Para que la reforma entre en vigor, aún debe aprobarse en segunda vuelta constitucional. Se espera que este proceso ocurra después del verano, siguiendo los tiempos legislativos previstos.
La iniciativa armoniza la Constitución local con la reforma federal publicada en 2023, y responde a una demanda ciudadana por erradicar la violencia de todos los espacios de poder.
