La comunidad internacional del deporte paralímpico se ha visto sacudida por un caso que pone en entredicho la integridad del sistema de clasificación para atletas con discapacidad. La judoca azerbaiyana Shahana Hajiyeva, campeona paralímpica en Tokio 2020, ha sido suspendida de por vida tras no cumplir con los requisitos visuales establecidos para competir en judo adaptado.
La decisión fue tomada luego de que Hajiyeva, de 25 años, fuera sometida a una prueba de clasificación antes del Campeonato Mundial de parajudo en Astaná, Kazajistán. La reevaluación médica determinó que no presenta limitaciones visuales que justifiquen su inclusión en la categoría J2, reservada para personas con discapacidad visual.
El Comité Paralímpico Nacional de Azerbaiyán confirmó la sanción definitiva, luego de recibir el dictamen médico que excluía a la atleta de las nuevas normativas impuestas por la Asociación Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA). Según el medio Prosport.az, los exámenes revelaron que Hajiyeva no tiene restricciones funcionales que la califiquen dentro del judo paralímpico, lo que activó su prohibición de por vida en la categoría.
La controversia se intensificó por el precedente de Elnara Nizamli, otra atleta azerbaiyana que también fue reclasificada tras descubrirse que poseía visión parcial. La reevaluación coincide con un proceso global de actualización en las reglas de clasificación rumbo a los Juegos Paralímpicos de París 2024, en el cual se han fusionado las antiguas categorías B1, B2 y B3 en dos nuevas divisiones: J1 (para personas ciegas) y J2 (para personas con discapacidad visual).
IBSA ha endurecido los criterios de elegibilidad con el fin de garantizar que solo atletas con diagnósticos oftalmológicos verificables puedan competir. Desde 2022, se solicitó a todas las federaciones reevaluar a sus atletas de judo paralímpico conforme a los nuevos estándares. Hajiyeva, quien en Tokio se coronó como una de las figuras destacadas de la delegación de Azerbaiyán, quedó fuera del sistema tras no superar esa validación.
Aunque algunos sectores defienden que este caso es producto de una reclasificación técnica, otros han cuestionado si hubo una intención deliberada de simular una discapacidad. La sanción impuesta representa un duro golpe a la credibilidad del deporte adaptado, que ha luchado durante años por erradicar fraudes en el sistema de clasificación funcional.
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