Para evitar que personas con antecedentes de violencia o faltas éticas ocupen cargos de elección popular, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local propuso una iniciativa para establecer la llamada “8 de 8” contra la violencia.
La propuesta, presentada por la diputada Sandra Pámanes, busca reformar la Ley Electoral del Estado para impedir que se registren como candidatos quienes hayan cometido delitos graves o incurrido en conductas violentas.
“Se busca establecer en la Ley ocho supuestos de violencia encaminados a evitar que personas que hayan ejercido algún tipo de violencia o estén bajo algún señalamiento por delitos relacionados puedan ser candidatas a un puesto de elección popular”, explicó Pámanes.
De acuerdo con la iniciativa, los ocho supuestos de violencia que impedirían contender por un cargo son:
Delitos contra la vida y la integridad corporal.
Delitos contra la libertad y seguridad sexuales.
Delitos contra el normal desarrollo psicosexual.
Violencia familiar.
Violencia doméstica.
Delitos contra la intimidad sexual.
Violencia contra las mujeres por razón de género.
Ser deudor alimentario.
La legisladora explicó que la intención es armonizar la legislación estatal con los lineamientos del INE, que en el pasado proceso judicial aplicó criterios similares para impedir que personas con antecedentes de violencia política o familiar participaran en la elección.
“Nos adelantamos un poco sobre esto, porque aun y cuando fueron lineamientos del INE, hay una situación en la que el propio Instituto ha pedido a los estados que, dentro de su legislación electoral, puedan establecerlos”, añadió.
