La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desmintió categóricamente que el suministro de agua potable para la zona metropolitana de Monterrey se encuentre en riesgo debido a los compromisos derivados del Tratado Internacional de Aguas con Estados Unidos. Ante los cuestionamientos sobre el desfogue de 100 millones de metros cúbicos de la presa Marte R. Gómez, ubicada en la cuenca del río San Juan, la mandataria aclaró que Nuevo León no presenta problemas de disponibilidad para el consumo humano en este contexto. Precisó que, en todo caso, la entidad que requiere una atención prioritaria por sus condiciones actuales es Tamaulipas, estado con el que el Gobierno Federal ya se encuentra trabajando de manera estrecha para mitigar cualquier posible afectación.
Durante su conferencia matutina, la titular del Ejecutivo Federal enfatizó que no se ha puesto en riesgo a la población y que las acciones coordinadas entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los gobiernos estatales buscan equilibrar las necesidades de la región. Sheinbaum evitó profundizar en medidas específicas que aún se encuentran en fase de concertación política y técnica, subrayando la importancia de mantener un diálogo abierto y respetuoso con todos los actores involucrados antes de realizar anuncios oficiales. No obstante, reiteró que la estrategia integral para la zona norte del país contempla inversiones de gran escala para garantizar la seguridad hídrica a largo plazo sin comprometer el desarrollo de las comunidades locales.
Como parte de la solución estructural a la escasez de agua, la presidenta destacó que su administración está realizando una inversión histórica en la tecnificación del riego agrícola. El objetivo central de este programa es permitir que se siembre la misma extensión de tierra utilizando una cantidad significativamente menor de líquido, optimizando así el recurso para el campo y liberando volúmenes para otros usos. Finalmente, adelantó que en breve se anunciarán detalles adicionales sobre una inversión multimillonaria para el estado de Tamaulipas, la cual abarcará proyectos de infraestructura carretera, gestión del agua y diversas acciones sociales que complementarán el plan de justicia hídrica en la frontera norte.
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