El Senado de la República ha dado un paso decisivo este 10 de febrero de 2026 al aprobar en comisiones unidas el dictamen que busca reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales.
Esta reforma constitucional, que forma parte de la agenda prioritaria de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, propone una implementación paulatina para permitir que los sectores productivos se ajusten a la nueva normativa. De ser ratificada por el pleno y las legislaturas estatales, la transición comenzará en 2027 y concluirá en 2030, disminuyendo dos horas de trabajo por año de manera sistemática.
No obstante, el proyecto ha generado una intensa controversia debido a que su redacción actual no garantiza explícitamente un segundo día de descanso obligatorio, lo que ha encendido las alarmas entre organizaciones sindicales y legisladores de oposición.
La modificación al artículo 123 de la Constitución establece que la jornada máxima será de 40 horas, pero mantiene el precepto legal de “al menos un día de descanso” por cada seis laborados.
Esta ambigüedad ha sido el principal punto de fricción en el debate legislativo, ya que bancadas del PAN y PRI argumentan que una verdadera reforma laboral debería asegurar el esquema de cinco días de trabajo por dos de descanso para impactar positivamente en la salud y productividad de los empleados.
Paralelamente, la iniciativa introduce un incremento en el límite de horas extras permitidas, elevándolas de nueve a doce por semana, y establece un sistema de registro electrónico obligatorio para que las empresas supervisen y reporten los horarios, garantizando el pago de tiempo extra con recargos del 100% y 200% según corresponda.
A pesar de los avances en comisiones, la falta de consenso sobre la calidad del descanso ha provocado manifestaciones por parte de diversos sindicatos, quienes acusan que la reforma podría derivar en jornadas extendidas disfrazadas de flexibilidad laboral.
Los críticos sostienen que, sin el segundo día de descanso garantizado, el beneficio de la reducción de horas podría diluirse ante la posibilidad de que los empleadores distribuyan la carga de trabajo de forma desproporcionada. Con el dictamen listo para ser discutido en el pleno de la Cámara Alta, los próximos días serán cruciales para determinar si se realizan ajustes que atiendan las demandas sociales o si el proyecto avanza tal como fue concebido originalmente para cumplir con el compromiso presidencial de mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal en México.
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