El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha desatado una intensa controversia en el estado de Nueva York tras confirmar la adquisición de un antiguo almacén en el condado de Orange con el objetivo de convertirlo en un centro de detención de inmigrantes.
La instalación, que anteriormente albergaba un establecimiento de la cadena Pep Boys en la localidad de Chester, fue comprada recientemente por la agencia federal como parte de una estrategia de expansión de su red operativa. Según portavoces del organismo, este proyecto se integra en la infraestructura supervisada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para fortalecer las capacidades de procesamiento y custodia de extranjeros en el marco de las políticas de control migratorio vigentes este 2026.
La noticia del nuevo centro de detención ha generado un rechazo inmediato y enérgico por parte de líderes políticos y residentes locales. El congresista demócrata Pat Ryan, junto con diversos funcionarios del condado, ha encabezado la oposición al proyecto, argumentando que la implementación de una instalación de esta naturaleza traería inestabilidad y “caos” a la comunidad de Chester.
Los críticos sostienen que la seguridad y el bienestar de los habitantes se verán comprometidos por la presencia de una agencia federal de control migratorio en una zona de carácter residencial e industrial ligero, lo que ha motivado a la junta municipal a emitir resoluciones formales en contra de la reconversión del inmueble.
En el ámbito social, la pequeña comunidad de Chester ha sido escenario de manifestaciones públicas donde decenas de vecinos se han congregado para expresar su descontento. Estas protestas no son un hecho aislado, sino que forman parte de un movimiento nacional más amplio que cuestiona la transparencia y la participación ciudadana en las decisiones federales de expansión migratoria.
Las organizaciones civiles denuncian que la falta de consulta previa con los gobiernos locales vulnera la soberanía de las comunidades y exacerba las tensiones en regiones que, como Nueva York, suelen mantener posturas más humanitarias o de protección hacia la población migrante bajo el esquema de ciudades santuario.
Desde una perspectiva macro, la adquisición de este almacén en Nueva York es apenas una pieza de un ambicioso plan federal valorado en cerca de 38,000 millones de dólares para ampliar la capacidad de detención en todo Estados Unidos.
El DHS ha identificado múltiples instalaciones industriales para ser reconvertidas en centros de procesamiento, una medida que ha reavivado el debate nacional sobre la ética y la eficacia del sistema de detención masiva. Mientras el gobierno federal defiende la necesidad de estas bases para gestionar el flujo migratorio, las autoridades estatales y locales advierten que estas acciones profundizan la división política y desafían las leyes locales de protección a los derechos civiles en el noreste del país.
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