El escenario de la seguridad global ha alcanzado un nuevo punto de tensión máxima este 18 de febrero de 2026, luego de que el gobierno de Estados Unidos lanzara una acusación formal contra China por la supuesta realización de una prueba nuclear secreta en el año 2020.
Durante una conferencia en el Hudson Institute, el subsecretario de Estado para el control de armas, Christopher Yeaw, reveló que Washington posee evidencia técnica basada en registros sísmicos captados en estaciones de Kazajistán, los cuales sugieren una detonación subterránea de magnitud 2,76 en el sitio de Lop Nur. Esta declaración no solo rompe con el lenguaje diplomático habitual, sino que incluye la advertencia de que Estados Unidos podría reanudar sus propios ensayos atómicos, poniendo fin a una moratoria de más de tres décadas y abriendo la puerta a una nueva carrera armamentista nuclear.
La administración estadounidense sostiene que los movimientos telúricos detectados no son compatibles con actividades mineras ni con fenómenos naturales, por lo que interpreta estos hallazgos como un avance encubierto en las capacidades de Pekín.
El gobierno del presidente Donald Trump argumenta que no permitirá que Estados Unidos quede en una “desventaja intolerable” mientras otras potencias desarrollan tecnología atómica bajo el velo de la secrecía. Para los analistas de defensa, esta postura representa un cambio radical en la política exterior de Washington, que busca presionar a China para aceptar nuevos términos de inspección y control, al tiempo que prepara el terreno para modernizar su propio arsenal estratégico frente a las potencias emergentes.
Por su parte, el gobierno de China ha rechazado de manera tajante las afirmaciones de Washington, calificándolas como una “manipulación política” carente de fundamentos sólidos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pekín instó a la Casa Blanca a cesar las acusaciones infundadas y señaló que estas declaraciones solo buscan justificar la expansión nuclear de Estados Unidos y su desinterés por cumplir con los tratados internacionales de desarme. En esta misma línea, el Kremlin se sumó a la negativa a través de su portavoz, Dimitri Peskov, quien aseguró que ni Rusia ni China han violado los acuerdos de no proliferación, sugiriendo que las acusaciones estadounidenses son una estrategia para desestabilizar el ya frágil equilibrio de la estabilidad estratégica global.
Este enfrentamiento ocurre en un vacío legal peligroso, ya que el tratado New START, el último marco vinculante que limitaba las armas estratégicas entre Estados Unidos y Rusia, expiró oficialmente el pasado 5 de febrero de 2026.
Sin mecanismos de verificación mutua ni límites claros sobre el número de ojivas desplegadas, la comunidad internacional observa con preocupación cómo las tres principales potencias nucleares se alejan de los foros de diálogo. El riesgo de que se retomen las pruebas nucleares subterráneas marca un retroceso histórico en los esfuerzos de paz del siglo XXI, colocando al mundo en una posición de incertidumbre geopolítica que no se veía desde los momentos más álgidos de la Guerra Fría.
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