El debate sobre la restricción de dispositivos móviles en los centros educativos de nivel básico ha cobrado una fuerza inusitada este 2026, enfrentando visiones de padres de familia, directivos y especialistas. En diversas comunidades escolares, como en la primaria Acamapichtli de la Ciudad de México, las familias han manifestado un respaldo contundente a las iniciativas que buscan limitar o prohibir el uso de teléfonos inteligentes y el acceso a redes sociales durante la jornada escolar.
La preocupación principal radica en los efectos negativos documentados en la salud emocional, la capacidad de concentración y el desarrollo de habilidades de interacción social en niños de entre 6 y 12 años, quienes, en muchos casos, poseen dispositivos propios desde el primer grado de primaria.
Para madres y padres de familia, la regulación no es solo una medida administrativa, sino una herramienta necesaria para combatir lo que califican como una “adicción digital” que genera desconexión social y, en casos extremos, situaciones de violencia digital entre los menores.
Testimonios recabados en planteles públicos y privados coinciden en que el uso cotidiano de videojuegos y plataformas sociales ha desplazado el interés por las actividades académicas y la convivencia física. Los defensores de la prohibición argumentan que un entorno libre de celulares obligaría a los estudiantes a practicar la autorregulación y permitiría que el proceso educativo recupere su lugar central sin las distracciones constantes de las notificaciones y el contenido efímero de internet.
Sin embargo, la implementación de estas medidas se topa con una realidad operativa compleja que los directivos escolares no han tardado en señalar. Autoridades de diversos planteles advierten que legislar de manera uniforme sin considerar las carencias de cada institución podría resultar contraproducente.
Muchos centros educativos enfrentan una falta crónica de infraestructura, como salas de cómputo funcionales o conectividad estable, lo que convierte al dispositivo personal en la única herramienta de investigación disponible para los alumnos. Los directores subrayan que, antes de imponer una prohibición total, es urgente dotar a las escuelas de recursos tecnológicos institucionales y capacitar al cuerpo docente en el uso pedagógico de las herramientas digitales.
Desde la academia, especialistas en educación sugieren que el enfoque no debe ser la exclusión, sino la alfabetización digital. Doctores en educación de instituciones como la Universidad Iberoamericana sostienen que la escuela debe ser precisamente el espacio donde se aprenda a utilizar la tecnología de manera ética y productiva.
En lugar de una prohibición absoluta, proponen un modelo de uso controlado y guiado que incluya a los padres de familia en el proceso formativo. Mientras el Congreso de la Ciudad de México y otras entidades avanzan en la creación de marcos legales, el desafío permanece en encontrar un equilibrio que proteja la salud mental de los menores sin ignorar que el dominio de la tecnología es una competencia indispensable en el mundo contemporáneo.
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