El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ha precisado el alcance de las investigaciones en torno a los documentos hallados tras la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Durante una rueda de prensa en Mazatlán, Omar García Harfuch confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra analizando la autenticidad de la presunta “narconómina” atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El objetivo primordial de este análisis pericial es verificar si los registros encontrados en el último refugio del líder criminal cumplen con los requisitos legales y la cadena de custodia necesaria para integrarse como evidencia sólida en procesos judiciales formales.
A pesar de la relevancia de los documentos asegurados, el secretario Harfuch fue enfático al señalar que, hasta este momento, la evidencia no vincula a figuras de la política nacional con la operación del grupo criminal. Al ser cuestionado sobre posibles implicaciones de alto nivel, el funcionario descartó que existan carpetas de investigación abiertas contra actores políticos bajo este concepto. “De políticos no tenemos el caso. Tenemos de autoridades locales y de otros sectores, pero no de políticos”, puntualizó, acotando el espectro de la indagatoria a los indicios directos localizados por las fuerzas federales en los operativos recientes.
No obstante, la exclusión de políticos no significa la ausencia de responsables. Harfuch confirmó que sí existen investigaciones activas contra integrantes de cuerpos de seguridad municipal y estatal, así como contra otras personas cuyos nombres figuran en las listas de pagos. La FGR será la encargada de determinar la responsabilidad penal de estos servidores públicos una vez que concluyan los análisis de los documentos y se corrobore su relación directa con la estructura logística del cártel. Este esfuerzo forma parte de una estrategia más amplia para desarticular las redes de protección local que han permitido la expansión de la organización en diversos estados.
La revisión de esta evidencia ocurre en un momento crítico para la seguridad nacional, tras la caída del máximo líder del CJNG. Las autoridades federales mantienen una vigilancia estricta sobre el material probatorio, advirtiendo que cualquier indicio que reúna los requisitos de ley será perseguido sin distinción. Por ahora, el proceso se mantiene en una fase de validación técnica y jurídica, centrada en desmantelar la base operativa y de colusión policial que sostenía el despliegue del cártel, mientras la fiscalía profundiza en el análisis forense de la información recuperada este 2026.
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