Al considerar que afectaría el acceso a vivienda para los jóvenes, el Gobernador Samuel García vetó la “Ley de Rentas” promovida por el PAN y aprobada por el Congreso local.
La reforma había sido aprobada el 18 de febrero con 21 votos a favor de diputados del PAN, PRI y PRD, y 20 en contra de legisladores de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano.
De acuerdo con el Ejecutivo estatal, las modificaciones a los artículos 2346 y 2346 Bis del Código Civil alteraban el régimen jurídico de las rentas de vivienda y podían complicar que jóvenes accedieran al alquiler de una casa o departamento.
Entre los cambios avalados por el Congreso se planteaba que las rentas pudieran actualizarse anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, además de que el arrendador debería expedir comprobante por las rentas efectivamente pagadas, ya fuera mediante recibo o comprobante fiscal digital.
Sin embargo, uno de los puntos que generó mayor controversia fue la eliminación de disposiciones que limitaban el monto de los depósitos a un mes de renta, lo que abría la puerta a que propietarios solicitaran cantidades mayores como garantía al momento de firmar un contrato.
La reforma no fue discutida en mesas de trabajo con expertos, cámaras empresariales, jóvenes o arrendatarios, pese al impacto directo que tendría en el mercado de vivienda.
“Se complica el acceso a rentas de jóvenes y se beneficia a quienes arrendan”, señala el documento con las observaciones enviadas por el Ejecutivo al Congreso.
El veto ocurre además en medio de cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés dentro del propio PAN, partido que impulsó la reforma, ya que varios de sus integrantes participan en el negocio de renta de propiedades.
Para críticos de la iniciativa, la modificación representaba una legislación hecha a la medida de los intereses de propietarios y arrendadores, por encima de las condiciones de quienes buscan vivienda en renta, particularmente jóvenes y familias que enfrentan el aumento del costo de vida en la zona metropolitana de Monterrey.
Con el veto del Ejecutivo, el decreto regresará al Congreso de Nuevo León, donde los diputados deberán decidir si mantienen las modificaciones o ajustan el contenido de la reforma.
