Para reconocer a los médicos residentes como trabajadores con derechos y obligaciones, la diputada federal Iraís Reyes presentó dos iniciativas que transforman el marco legal para personal de ciencias de la salud en formación.
El marco vigente, sin cambios notorios desde 1983, no reconoce la naturaleza laboral de las actividades de los residentes ni establece límites claros a la jornada, las guardias, el descanso posguardia o la supervisión docente.
“El objetivo es reformar la Ley Federal del Trabajo para reconocer explícitamente a las y los médicos residentes como trabajadores”, explicó Reyes.
“Queda establecido que su actividad no puede ser considerada producto de una beca, sino que se trata de una relación laboral formal, con derechos y obligaciones.
“Uno de los cambios principales es que se fijan límites a las jornadas y las guardias, con un máximo de 80 horas semanales en promedio anual.
“Guardias de hasta 24 horas, no más de dos por semana; y un descanso obligatorio de 11 horas posteriores a cada guardia”.
La iniciativa establece que se garantice el pago de todas las horas laboradas, incluidas las guardias, conforme a la legislación laboral vigente, y se prohíbe expresamente que la remuneración se sustituya por apoyos académicos.
“También se contempla la implementación de registros digitales obligatorios para el control de las jornadas, así como el acceso a seguridad social, condiciones adecuadas de descanso, alimentación durante las guardias y entornos libres de violencia”, mencionó.
La segunda iniciativa plantea adicionar un nuevo capítulo a la Ley General de Salud para regular la formación en servicio de estudiantes, internos, pasantes y residentes, con obligaciones para los hospitales públicos y privados.
“La intención es reconocer explícitamente a las personas en formación como sujetos de derechos y establecer obligaciones claras para las instituciones públicas y privadas que las reciben”, dijo Reyes.
Se propone la creación del Registro Nacional de Unidades Médicas Formadoras, las cuales tendrán que contar con infraestructura adecuada, programas académicos avalados, cobertura de riesgos y tutores responsables de la supervisión clínica y académica.
“Además, habría límites a las jornadas y las guardias, periodos mínimos de descanso, acceso a servicios de salud mental y mecanismos confidenciales de denuncia en caso de que haya situaciones de violencia o abuso”, mencionó.
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