El consenso social en torno a los derechos civiles en los Estados Unidos experimenta un viraje inesperado. A poco más de una década de que la Corte Suprema legalizara el matrimonio entre personas del mismo sexo a través del histórico fallo Obergefell vs. Hodges en 2015, nuevos indicadores demuestran un retroceso en el apoyo ciudadano, un fenómeno que coincide con una ofensiva jurídica por parte de sectores conservadores que buscan revertir la jurisprudencia federal.
Los datos más recientes publicados por la consultora Gallup encendieron las alarmas de las organizaciones de derechos humanos al revelar que el respaldo al matrimonio igualitario descendió al 65%, marcando una clara ruptura con el máximo histórico del 71% alcanzado en 2023. La medición también detectó una baja en el porcentaje de estadounidenses que consideran moralmente aceptables las relaciones entre personas del mismo sexo, una tendencia que analistas políticos asocian al auge de posturas de corte tradicionalista dentro del Partido Republicano.
Aunque la aprobación general sigue manteniéndose por encima de la mitad de la población, el quiebre de la tendencia es significativo, pues frena más de dos décadas de crecimiento sostenido. Expertos en sociología política señalan que la profunda polarización cultural que atraviesa el país ha devuelto las garantías de la comunidad LGBT+ al centro de la disputa partidista, convirtiendo un asunto que se percibía como consolidado en una renovada arena de confrontación ideológica.
La inquietud en los colectivos civiles aumentó luego de que diversas organizaciones de la derecha política impulsaran recursos legales diseñados para presionar al máximo tribunal a reconsiderar el criterio fijado en 2015. Si bien la Corte Suprema desestimó de forma reciente uno de estos intentos, juristas advierten que la actual composición de mayoría conservadora del tribunal mantiene el debate abierto, tomando como precedente la revocación en 2022 de las protecciones federales al aborto (Dobbs vs. Jackson), lo que demostró que las sentencias históricas ya no son intocables.
De prosperar una revisión judicial, el impacto administrativo y humano sería mayúsculo. Defensores de los derechos civiles advierten que se generaría un limbo jurídico para más de 800 mil parejas del mismo sexo que han formalizado sus uniones bajo el amparo de la ley federal desde 2015, poniendo en riesgo derechos fundamentales relacionados con la seguridad social, los beneficios fiscales, los esquemas de adopción, los derechos médicos de urgencia y la planeación de herencias patrimoniales.
Mientras que las plataformas conservadoras insisten en que la regulación de los vínculos conyugales debería regresar a la soberanía y autonomía de cada estado, las agencias de derechos humanos responden que un escenario de esa naturaleza representaría un grave retroceso institucional en materia de igualdad. Por ahora, las uniones civiles igualitarias continúan operando con total legalidad en todo el territorio estadounidense, pero el escenario político actual deja en claro que la discusión sobre el alcance y la permanencia de estos derechos está lejos de haber concluido.
