Tras ser presumido por el Gobierno federal como un gran golpe al huachicol, un juez federal concedió una suspensión definitiva a José Antonio Cortés Huerta, alias “Titán”, y ordenó realizar una nueva audiencia para dejar sin efecto la vinculación a proceso dictada en su contra.
El fallo derivó del amparo 486/2026, promovido por la defensa del detenido. El juzgador Mario Jorge Melo Cardoso consideró que existieron diversas irregularidades durante los cateos efectuados en el domicilio donde fue capturado.
La resolución amparó a Cortés Huerta contra el auto de vinculación emitido por una jueza de Distrito especializada en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en el Centro de Justicia Penal Federal de Cadereyta.
“Titán” había sido vinculado por presuntos delitos relacionados con portación y posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud.
El hombre, de 39 años, fue detenido en mayo durante cateos realizados por fuerzas federales en inmuebles de Monterrey, San Pedro y Allende, donde también fue arrestada una mujer.
Durante los operativos, las autoridades aseguraron armas, droga, dinero en efectivo, vehículos y siete tigres localizados en las propiedades intervenidas.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana identificó al detenido como presunto líder de una célula vinculada con el Cártel del Noreste y relacionada con una red dedicada al huachicol fiscal.
Investigaciones federales también lo relacionaron con Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques”, señalado como uno de los principales operadores de una estructura dedicada al contrabando y comercialización ilegal de combustibles.
Previamente, el mismo juez había ordenado que la prisión preventiva impuesta contra Cortés Huerta fuera cumplida en un hospital y no dentro de un centro penitenciario, debido a los problemas de salud argumentados por su defensa.
La suspensión no representó automáticamente su liberación, pues “Titán” continuó detenido mientras se efectuaban las actuaciones judiciales ordenadas y se resolvía su situación respecto de las demás medidas cautelares.
