Para frenar la racha de accidentes mortales, el Alcalde David de la Peña buscará que la Guardia Nacional ceda al Municipio la custodia vial de los 26 kilómetros de la Carretera Nacional que atraviesan Santiago.
El próximo 1 de agosto, el edil y su equipo se reunirán con la comandancia de la corporación federal en Nuevo León para negociar un convenio que permita vigilar, detener y sancionar a conductores infractores.
Actualmente, Santiago únicamente cuenta con facultades sobre 5.5 kilómetros, desde Los Cavazos hasta El Cercado, aunque la vía federal recorre 26 kilómetros dentro de su territorio y atraviesa diversas comunidades.
Fuera del tramo municipal, los agentes locales realizan patrullajes y piden a los automovilistas reducir la velocidad, pero carecen de atribuciones para aplicar multas o detenerlos por infracciones de tránsito.
“Como quien dice, ahí somos ‘espantapájaros’”, expresó De la Peña al explicar que, sin un acuerdo con la Federación, los policías municipales solamente pueden mantener presencia preventiva en buena parte de la carretera.
El Alcalde precisó que su Administración pretende asumir la vigilancia, pero no el mantenimiento integral de la vía, debido al costo que implicaría conservar los 26 kilómetros que cruzan el municipio.
La petición cobró fuerza tras los accidentes mortales registrados durante julio y las denuncias por exceso de velocidad en sectores como la recta comprendida entre El Barro y El Faisán.
Automovilistas han sido detectados circulando hasta a 132 kilómetros por hora en territorio de Santiago, pese a que el límite máximo general en la Carretera Nacional es de 80 kilómetros por hora.
En paralelo, las diputadas Sandra Pámanes e Iraís Reyes presentaron un punto de acuerdo para que Santiago y otros municipios gestionen la municipalización de los tramos federales ubicados dentro de sus zonas urbanas.
La propuesta permitiría a los ayuntamientos intervenir en señalización, alumbrado, pasos peatonales, infraestructura y vigilancia vial, mediante convenios con la Federación semejantes al concretado por Monterrey en 2022.
De concretarse el convenio, Santiago podría desplegar operativos permanentes en toda la extensión de la carretera dentro de su territorio para contener a los llamados “correlones” y reducir nuevos accidentes fatales.
