La Fiscalía de Justicia de Nuevo León abrió nuevos cuestionamientos al revelar que analiza conceder un criterio de oportunidad al policía vial que detuvo a Juan Carlos García Núñez instantes antes de su asesinato.
El agente no fue un testigo fortuito: frenó la camioneta de la víctima a petición de Alexis “N”, presunto implicado en el crimen, y después le informó que el vehículo ya estaba detenido.
Durante la ejecución, registrada el 13 de abril frente al complejo Arboleda, el oficial mantuvo apagada su cámara corporal, pese a que debía permanecer activa durante su intervención como agente de Tránsito.
A pesar de esas circunstancias, el Fiscal Javier Flores sostuvo que no existen elementos para involucrarlo directamente y confirmó que el Ministerio Público prepara el beneficio para garantizar que declare contra los detenidos.
“Se están elaborando criterios de oportunidad allí con unas pruebas anticipadas que se están viendo, para garantizar que dichos testimonios aparezcan en juicio”, expresó Flores al ser cuestionado sobre la situación del policía.
El anuncio dejó una contradicción que la Fiscalía debe explicar: si considera al agente solamente testigo y asegura que no participó, ¿por qué necesita concederle una figura que suspende o extingue la acción penal?
El artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que este recurso puede aplicarse cuando un imputado aporta información esencial para perseguir un delito más grave y se compromete a comparecer en juicio.
Además, el artículo 257 señala que el criterio extingue la acción penal respecto del autor o partícipe beneficiado, por lo que la autoridad debe precisar qué posible conducta atribuida al tránsito pretende dejar sin persecución.
Juan Carlos García Núñez, de 26 años, fue asesinado a balazos mientras permanecía dentro de su camioneta. Eugenio “N” y Alexis “N” fueron detenidos y vinculados a proceso por el homicidio.
Más allá de asegurar el testimonio, la Fiscalía debe transparentar por qué el policía apagó su cámara, bajo qué argumento detuvo a la víctima y qué responsabilidad penal o administrativa determinó sobre su actuación.
