La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de la ONU ha designado al embajador saudita Abdulaziz Alwasil como su presidente, desatando controversia debido al historial del país en derechos de la mujer. La elección, realizada por “unanimidad”, ha generado cuestionamientos sobre la idoneidad de Arabia Saudita para liderar un órgano encargado de promover la igualdad de género a nivel mundial.
El país del Golfo Pérsico, conocido por sus estrictas leyes y limitaciones impuestas a las mujeres, sorprendió al intervenir en el proceso de selección, desplazando a Bangladés como candidato esperado. Esta decisión se produce justo antes del 30 aniversario de la Declaración de Pekín, un hito en la lucha por los derechos de la mujer, lo que agrega más peso a las críticas.
A pesar de la defensa de Arabia Saudita sobre su supuesto progreso, evidenciado en una ley de “estatus personal” promulgada en 2022, las organizaciones de derechos humanos argumentan que las mujeres aún enfrentan graves restricciones en sus vidas cotidianas. La obligación de obtener permiso de un tutor masculino para casarse y la dependencia económica del marido basada en la “obediencia” son solo algunos ejemplos de las limitaciones impuestas por las leyes sauditas.
La designación de Arabia Saudita ha generado un rechazo generalizado entre los defensores de los derechos de la mujer, quienes consideran que el país no debería representar el principal foro de la ONU para la igualdad de género. A pesar de los esfuerzos de organizaciones como Human Rights Watch por presionar a otros miembros de la CSW para que protesten, la falta de acción ha dejado en evidencia la complicada dinámica diplomática en juego.
La designación ha desatado críticas, incluso desde aquellos países que no participaron en el proceso de selección, como el Reino Unido, que aunque no forma parte de la CSW, ha manifestado su preocupación por el papel de Arabia Saudita en la promoción de los derechos de la mujer.
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