El Senado de la República aprobó un dictamen para crear la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que endurece considerablemente las sanciones para quienes cometan ese delito.
Entre los cambios más relevantes, se fija una pena de 15 a 25 años de prisión para extorsionadores, con un máximo de 42 años en casos agravados como “montachoques”, extorsión desde prisión o cobro de derecho de piso.
La reforma también incluye medidas para que el delito sea perseguible de oficio, sin necesidad de denuncia directa, y obliga a las fiscalías locales y federales a crear unidades especializadas para su investigación. Además, sanciona a servidores públicos que no denuncien casos de extorsión o faciliten su comisión, con penas de 10 a 20 años de cárcel. Puesto que el Senado introdujo modificaciones de fondo, el dictamen regresará a la Cámara de Diputados para una nueva revisión.
#Extorsión #Seguridad #Justicia #Congreso #México
