La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó de forma provisional la reinstauración de la política impulsada por Donald Trump para prohibir la participación de personas transgénero en las fuerzas armadas. La decisión —tomada con la oposición de los tres jueces progresistas— reactiva una orden presidencial que había sido bloqueada por tribunales menores y que aún sigue en disputa legal.
El veto afecta directamente a unos 15,000 militares trans que ya sirven o planeaban enlistarse. El argumento oficial es que las identidades trans no cumplen con los “estándares rigurosos” para el servicio, según el decreto firmado por Trump el 27 de enero. “Vamos a librar a nuestro ejército de la ideología transgénero”, declaró entonces el expresidente.
La disposición faculta al Departamento de Defensa a rechazar nuevos reclutas trans y expulsar a quienes ya sirven, salvo que obtengan exenciones individuales. Esta política marca un retroceso en derechos adquiridos durante el gobierno de Barack Obama y revertidos por Joe Biden al inicio de su mandato, cuando garantizó que cualquier persona capaz de servir debía poder hacerlo.
Organizaciones civiles y activistas LGBTQIA+ han condenado el fallo, señalando que vulnera derechos humanos, socava la moral militar y limita la diversidad en las fuerzas armadas. La disputa jurídica continuará en instancias inferiores.
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