Pese a la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de extinguir los fideicomisos de la administración pública, Sarahí Salvatierra, coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, advirtió que estos siguen siendo utilizados, conservando una bolsa millonaria que usan con opacidad.
Tanto el Gobierno federal como las Fuerzas Armadas tienen bajo su control una bolsa discrecional de 113 mil millones de pesos del fideicomiso aduanero.
De acuerdo con documentos de la Sedena, el Gobierno federal planea gastar los 113 mil millones de pesos que tiene el Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA).
De ese monto, 53 mil 615 millones son para “Obras Prioritarias”, incluidos 28 mil 289 para el corredor del Istmo de Tehuantepec, que controla la Secretaría de Marina (Semar); 21 mil 299 millones para obras de la Sedena en la frontera norte, y 3 mil 927 millones para el denominado Proyecto Guaymas, que contempla una carretera y un puerto.
Así como la “Compra de Equipo”, absorberá 9 mil 267 millones de pesos, de los cuales 7 mil 822 millones son para la Semar; mil 20 millones, para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y 425 millones, para el Tren Maya. La Sedena tendrá además otros 17 mil 154 millones adicionales para modernizar aduanas en ocho estados.
Estos recursos son adicionales a los que la Cámara de Diputados apruebe en los Presupuestos de Egresos para 2023 y 2024.
El FACLA se nutre de recursos del pago de trámites de importación previstos en el artículo 16 de la Ley Aduanera, y ahora se envían a tres nuevos fideicomisos creados este año por Sedena, Semar y SAT.
Ante esto, Sarahí Salvatierra detalla que “lo más relevante es conocer el destino de lo que se está pagando con los fideicomisos públicos, ya que estos instrumentos no pueden ser utilizados para otra cosa que no sea el objetivo para el cual se crearon”.
