Las autoridades nicaragüenses han tomado medidas extremas contra la Universidad Centroamericana (UCA), una institución jesuita renombrada en el país, al congelar sus cuentas bancarias y legalmente inmovilizar sus activos. La Fiscalía de Nicaragua ha lanzado acusaciones de “terrorismo” en contra de la UCA, generando una controversia que ha puesto en jaque a esta emblemática alma mater.
La jueza de Managua, a quien se le encomendó el caso por la Fiscalía, ha dado luz verde a la acusación contra la universidad jesuita y sus directivos, y ha ordenado la confiscación de sus bienes tangibles y recursos económicos. Informes de Divergentes, un medio digital, revelan que una fuente judicial y otra vinculada a la UCA confirman esta situación.
Aunque EFE (Agencia EFE) intentó obtener más detalles en el sistema en línea del Poder Judicial, hasta el momento la acusación contra la UCA no ha sido registrada oficialmente.
La semana pasada, el gobierno de Nicaragua adoptó medidas drásticas al congelar los activos bancarios de la universidad jesuita y asegurar sus propiedades, acentuando la tensión entre el presidente Daniel Ortega y la Iglesia Católica del país centroamericano.
Deterioro de la mediación en Nicaragua
En otro giro, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (Dirac), perteneciente a la Corte Suprema de Justicia bajo la influencia de los sandinistas, ha retirado la acreditación del Centro de Mediación de la UCA. Esta medida, que llega cuatro meses después de la renovación de la acreditación, plantea un desafío significativo para la institución educativa.
La UCA ha comunicado que su bufete jurídico, con más de cinco décadas de experiencia, no seguirá gestionando la mediación como método alternativo de resolución de conflictos. No obstante, continuará ofreciendo otros servicios.
La universidad jesuita, aunque no ha emitido declaraciones oficiales sobre la congelación de sus cuentas, la inmovilización de sus propiedades y las acusaciones de la Fiscalía, ha subrayado su compromiso en el desarrollo continuo de actividades académicas conforme a su planificación.
“Estamos actuando para resolver los obstáculos en nuestras operaciones administrativas, afectadas por dificultades en las transacciones bancarias”, manifestó la institución la semana pasada.
En otro comunicado, aseguró que ya se habían iniciado los pagos correspondientes a la primera mitad de agosto de 2023 y que este proceso seguiría su curso.
“Pedimos disculpas por los inconvenientes, ya que en este momento no podemos procesar pagos a gran escala. Agradecemos su comprensión”, expresó en la circular emitida.
Jesuitas en el exilio debido al régimen de Daniel Ortega
En marzo de 2022, las autoridades nicaragüenses excluyeron a la UCA de recibir el 6% de financiamiento constitucional que se asigna anualmente a las universidades. Además, en septiembre del mismo año, prohibieron la entrada al país al vicerrector de la Universidad Centroamericana, Jorge Huete, después de un viaje de trabajo a Argentina.
El exrector de la UCA, José Alberto Idiáquez, quien participó en diálogos para superar la crisis que afecta a Nicaragua desde abril de 2018, tampoco pudo regresar al país en julio de 2022 después de un viaje a México debido a problemas de salud.
El liderazgo actual de esta institución educativa es encabezado por el sacerdote Rolando Enrique Alvarado López.
La universidad jesuita ha sido escenario de numerosas manifestaciones contra el gobierno de Ortega en el contexto de la crisis que azota a Nicaragua desde 2018.
En un acto significativo, en mayo de 2018, la UCA brindó refugio a miles de estudiantes que participaron en una marcha opositora en Managua, la cual terminó en violencia. Esto sucedió justo después de que Ortega declarara en un discurso ante sus seguidores que “Nicaragua nos pertenece a todos y aquí nos quedamos todos”.
Además, la universidad albergó la exposición “Ama y no Olvida: Museo de la Memoria contra la Impunidad”, promovida por la Asociación de Madres de Abril (AMA), en honor a los fallecidos durante las protestas antigubernamentales en Nicaragua.
La nación atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, la cual se ha agravado tras las cuestionadas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021. En estas elecciones, Ortega fue reelegido para su quinto mandato, mientras que sus principales rivales fueron encarcelados
