En plena contienda electoral en Nuevo León, Movimiento Ciudadano (MC) ha expuesto una preocupante estrategia empleada por el candidato de Fuerza y Corazón por México para la alcaldía de Monterrey, Adrián de la Garza. Se trata de la compra de votos mediante el uso de tarjetas, una práctica recurrente que, según el partido naranja, ha quedado evidenciada en esta campaña.
La denuncia de MC no carece de fundamentos, pues señalan que De la Garza ya ha sido sancionado anteriormente por el Tribunal Electoral por coacción de voto. En esta ocasión, el uso de la llamada “Tarjeta Regia Plus” sería la herramienta empleada para desviar fondos municipales con el fin de influir en la voluntad del electorado.
Miguel Alfonso Meza, consultor en litigio estratégico y derecho anticorrupción, ha afirmado que existe una investigación en curso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre esta compra de votos. Además, ha revelado una lista de implicados en este escándalo, incluyendo figuras como Paco Cienfuegos, Rafael Ramos, Marla Treviño, Anita González, Lorena de la Garza, Karina Barrón, Perla Villarreal e Ivonne Álvarez.
Las cifras son impactantes, según Meza, solo con la Tarjeta Regia, De la Garza habría desviado la astronómica suma de 342 millones de pesos del erario municipal. Este dinero, destinado a “aceitar” las bases priistas y financiar la estructura electoral tricolor, se ha utilizado para mantener y convencer votantes, así como para apuntalar la maquinaria electoral del candidato.
Pero la Tarjeta Regia no es la única implicada; se suman la Tarjeta Mujer Fuerte y la Regia Plus, todas utilizadas con el mismo propósito: la coacción del voto. Con la Tarjeta Mujer Fuerte, De la Garza prometía beneficios económicos y acceso a programas de emprendimiento y empleo.
A pesar de las pruebas presentadas y las sanciones previas, MC denuncia que De la Garza y su equipo persisten en estas prácticas ilícitas. Aunque el Tribunal Electoral ha reconocido la coacción al voto, las medidas tomadas hasta ahora han sido insuficientes. La reincidencia en estos delitos debería ser motivo de preocupación para las autoridades electorales.
Es imperativo que se tomen medidas contundentes para evitar que este tipo de prácticas pervivan en el proceso electoral, pues socavan la legitimidad y transparencia del mismo. La sociedad merece elecciones limpias y libres de cualquier tipo de manipulación.
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