PADRES Y MADRES DE LOS NORMALISTAS DESAPARECIDOS CONTEMPLAN SUS OPCIONES EN MEDIO DE CRECIENTES PREOCUPACIONES
En un giro impactante y preocupante, las familias de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa han denunciado un marcado retroceso en el desarrollo de la investigación. Vidulfo Rosales, el abogado que representa a estas familias, ha expresado su inquietud sobre la narrativa proporcionada por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien parece estar enfocándose más en la controvertida “Verdad Histórica” que en la realidad de la investigación en curso.
Después de su segunda reunión en menos de una semana con las autoridades federales, Rosales ha revelado que Encinas insinuó que los estudiantes estaban infiltrados y que los eventos podrían haber sido el resultado de una confrontación entre grupos del crimen organizado. Esto ha generado un aumento en la tensión y la incertidumbre en el caso.
Rosales también ha criticado el hecho de que, según Encinas Rodríguez, solo el capitán Martínez Crespo de las Fuerzas Armadas parece tener alguna responsabilidad en este caso, sin mencionar a quienes perpetuaron la controvertida “Verdad Histórica”.
La situación se agrava aún más cuando se revela que, durante la reunión, las familias no recibieron el informe completo prometido por las autoridades, sino solo algunos documentos que no aportaron información relevante. Este hecho ha llevado a una evaluación de si continuarán o no el diálogo con las autoridades, ya que las respuestas a sus preguntas parecen estar cada vez más lejos de su alcance.
Mario César González, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, ha expresado su frustración por la participación de Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como vocera del general Luis Cresencio Sandoval, ya que considera que carece de información relevante y no está capacitada para abordar este delicado tema.
En esta crucial reunión estuvieron presentes destacadas figuras del gobierno, como la secretaria Rosa Icela Rodríguez, Alejandro Encinas, Luisa María Alcalde, y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra.
MILITARES BAJO LA LUPA, PERO SIN CULPAS
Vidulfo Rosales también ha informado que los militares vinculados al caso Ayotzinapa están enfrentando procesos penales debido a su presunta relación con el grupo delictivo Guerreros Unidos, aunque estas acusaciones no están directamente relacionadas con la desaparición de los 43 jóvenes normalistas.
Durante un foro dedicado al noveno aniversario del caso Ayotzinapa, Rosales destacó que las pruebas contra los militares se basan en escuchas telefónicas y testimonios que sugieren corrupción y nexos ilícitos con el mencionado grupo criminal.
Sin embargo, Rosales subrayó que la defensa de los militares ha alegado la existencia de un presunto “efecto corruptor” en el proceso legal, argumentando que esto cuestiona la validez de la investigación. Aclaró que esta alegación debe respaldarse con pruebas concretas para ser considerada.
Además, se ha interpuesto un amparo debido a que un Tribunal de apelación dio por sentado este supuesto “efecto corruptor” sin una confirmación sólida, lo que se considera una argucia de la defensa.
Ángela Buitrago, exmiembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ha expresado su profunda preocupación por la falta de acceso a la justicia que han enfrentado las familias desde el inicio del caso. Ha enfatizado la necesidad de una fiscalía autónoma para garantizar el acceso a la justicia y la verdad.
Carlos Beristain, también exmiembro del GIEI, ha destacado la importancia de comprender las diversas fuerzas en juego que buscan obstaculizar la búsqueda de la verdad en el caso Ayotzinapa. Considera que esta comprensión es esencial para avanzar efectivamente hacia una transformación real y para asegurar la protección de la investigación en curso.
