Por: Javier N. Pro*
Trascendió el día de ayer en Nuevo León que la Fiscalía General de Justicia del Estado logró convencer a un Juez de vincular a proceso por el delito de violencia política en contra de una mujer… a otra mujer.
Alejandra Morales, ex candidata de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de San Nicolás de los Garza, que en las elecciones pasadas quedó históricamente cerca de vencer a la coalición PAN-PRI; según reportes de medios de comunicación, cuando era regidora de dicho municipio, cuestionó públicamente y denunció ante las autoridades anticorrupción correspondientes a la diputada panista Lilia Olivares tras ser captada caminando por los curules de sus compañeros legisladores ausentes en el Congreso del Estado, votando desde sus lugares como si estuvieran presentes, con tal de lograr la mayoría requerida.
Sin entrar a los dimes y diretes sobre las palabras exactas que utilizó la ex candidata para denunciar esta práctica legislativa indebida, llama la atención que el delito por el cual fue vinculada a proceso es el de “violencia política”, un concepto ambiguo que fue tipificado en octubre de 2018 para prohibir las “acciones u omisiones basadas en elementos de género que causen daño a una mujer y que tengan por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos o prerrogativas inherentes a su cargo público.”
Si bien, pareciera que criticar y denunciar a una diputada por un actuar deshonesto en el ejercicio de sus funciones no es la conducta que los legisladores se imaginaron cuando se les ocurrió este tipo penal, la realidad es que no es la primera vez que en Nuevo León se utilizan figuras como la violencia política de género como excusa de los políticos para silenciar a ciudadanos y opositores que democráticamente, y en ejercicio de su libertad de expresión, exhiben públicamente a servidores públicos que ejercen indebidamente sus funciones.
Desde un punto de vista pragmático, las autoridades que procuran la justicia en este país no pueden ser completamente imparciales cuando se trata de perseguir delitos con tintes políticos, al ser dichos funcionarios designados por órganos legislativos de mayorías partidistas, que naturalmente, van a reaccionar de distinta forma a la hora de atender una denuncia que interpone el partido político que les designó en el cargo frente a un partido que quizás se opuso o trató de impedir su designación. Recordemos que en el caso de Nuevo León, es bien conocida la pugna por la Fiscalía General de Justicia que ha elevado el Gobernador ante la Suprema Corte en contra de la mayoría del PRI-PAN, causando ramificaciones políticas que siguen haciendo eco hasta el día de hoy.
En luz de lo anterior considero gravemente riesgoso que organismos designados por partidos acusen de delitos políticos a miembros de partidos de oposición con los que guardan pugnas políticas, por el mero ejercicio de su libertad de expresión al manifestar críticas y denuncias que son naturales y hasta sanas en un estado democrático, razones por las que el artículo 331 bis 7 del Código Penal de Nuevo León –que tipifica este delito– debe ser derogado.
Poniendo en una balanza el derecho fundamental de la libertad de expresión, que tanto se ha desdeñado desde que los gobernantes de cristal adoptaron la idea de obligar a expresarnos de forma “políticamente correcta”, el derecho ciudadano a la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, que es un elemento natural de cualquier democracia, y el garantismo penal en aras de reducir el intervencionismo estatal evitando el abuso de poder, frente a un tipo penal tan generalizante que cualquier dicho puede interpretarse a conveniencia como violencia política en contra de la mujer, incluso aunque el dicho irónicamente provenga de otra mujer, queda claro que este delito no tiene cabida en Nuevo León.
Solo la madurez y sabiduría política hará entender a los actores políticos que el delito instrumentado por los verdugos de hoy pudiera ser el mismo que se utilice en su contra el día de mañana. A la historia me remito.
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* El autor es abogado por la FLDM con estudios en Harvard y Colmex, consultor político a nivel nacional en México y escritor de la serie literaria “Ýdorgea”.
