Durante años fue considerado uno de los hombres más poderosos de México, el líder que encabezó la guerra contra los carteles de la droga.
Hoy, a sus 54 años, Genaro García Luna es el más alto funcionario mexicano jamás juzgado en Estados Unidos por narcotráfico.
Su juicio arrancó este martes con la selección del jurado en un tribunal de Nueva York, el mismo en el que Joaquín “el Chapo” Guzmán, ex líder del cartel de Sinaloa, fue juzgado entre 2018 y 2019 y condenado a cadena perpetua.
De esa vista salieron algunos de los testimonios que vincularon a García Luna con las actividades del cartel.
Se le acusa de aceptar millones de dólares en sobornos del grupo liderado por el Chapo para llevar cocaína a Estados Unidos mientras ocupaba altos puestos de seguridad, especialmente el de secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón entre 2006 y 2012
También enfrenta cargos por delincuencia organizada y por mentir a las autoridades estadounidenses.
De probarse las acusaciones, podría pasar entre diez años y el resto de su vida en prisión.
La sentencia, tras un juicio que se espera que dure semanas, dictaminará hasta qué punto el crimen organizado se infiltró en la cúspide del poder mexicano durante una de las épocas más cruentas de la guerra entre el Estado y el narco.
El proceso contra García Luna se interpreta como una especie de secuela del llamado “juicio del siglo” contra el Chapo Guzmán, que se resolvió con cadena perpetua contra el capo de la droga.
Un ex miembro del cartel de Sinaloa dijo durante aquel proceso judicial que se había encargado de entregar maletas con al menos $6 millones de dólares en efectivo a García Luna en 2005, 2006 y 2007.
Fiscales estadounidenses acusan al exfuncionario mexicano de aceptar el dinero para facilitar la entrada de toneladas de cocaína que el cartel de Guzmán introdujo en EE.UU. entre 2001 y 2012.
Según la fiscalía, García Luna acordó no interferir en los envíos de droga, revelar información a los traficantes sobre operaciones de control, eliminar a miembros de carteles rivales y colocar a otros funcionarios corruptos en posiciones de poder.
El gobierno estadounidense alega que García Luna se convirtió en miembro de la organización desde enero 2001.
En total, enfrenta cinco cargos: tres por conspiración de narcotráfico, uno por pertenencia continuada a organización criminal y otro por emitir declaraciones falsas a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la ciudadanía de ese país en 2018.
El exsecretario de Seguridad se declara inocente de todos los cargos.
Su defensa argumentará que, de hecho, su cliente era colaborador de la Administración de Control de Drogas estadounidense.
