Bajo la administración de Donald Trump, el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS) se ha sumado a las tareas de detención y deportación de inmigrantes sin documentos, ampliando su rol más allá del combate a delitos postales.
De acuerdo con información revelada por The Washington Post, el USPS estaría colaborando con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al proporcionar información clave sobre la localización de inmigrantes en situación irregular. Esta cooperación incluye el uso de datos del exterior de sobres y paquetes, rastreos postales, cuentas en línea, tarjetas de crédito asociadas y direcciones IP, todo sin necesidad de una orden judicial, dado que son considerados datos públicos.
Fuentes anónimas indican que alrededor de 1,700 oficiales del Servicio de Inspección Postal han comenzado a participar activamente en operativos conjuntos con agencias como el FBI, la DEA y el IRS. Uno de estos operativos se llevó a cabo recientemente en Colorado Springs.
El objetivo declarado es claro: reforzar la identificación, localización y expulsión de personas sin estatus migratorio legal. La colaboración se enmarca en una política migratoria cada vez más estricta, en la que el DHS ha prometido utilizar todos los recursos disponibles para asegurar la frontera.
Según las fuentes, esta decisión también responde a presiones internas, pues el USPS habría aceptado colaborar para evitar un posible desmantelamiento o privatización del servicio, opciones que han sido consideradas por el presidente Trump.
La medida ha generado incertidumbre entre la comunidad migrante, especialmente quienes recurren al correo para comunicarse o enviar remesas. La pregunta ahora es si enviar una carta o recibir un paquete sigue siendo seguro para los inmigrantes sin papeles.
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