El martes, los legisladores de Hong Kong aprobaron de forma unánime una nueva ley de seguridad nacional, marcando un hito ominoso en la represión política impulsada por China después de las protestas pro democracia en 2019. El proyecto, previsto en el Artículo 23, expande el poder del gobierno para reprimir la disidencia, generando preocupaciones sobre las libertades civiles en la región. La norma, apresuradamente aprobada en tan solo 11 días, otorga a las autoridades la capacidad de procesar a ciudadanos por una amplia gama de delitos, incluida la “colusión con fuerzas externas”. Esta medida se suma a una ley similar impuesta por Beijing en 2020, lo que ha llevado al silenciamiento de las voces de oposición en el centro financiero asiático.
Taiwán, considerando el paso como una “tragedia”, ve la aprobación del Artículo 23 como un golpe final al principio de “un país, dos sistemas” que se acordó cuando Hong Kong regresó a China en 1997. El Partido Democrático Progresista (PDP) de Taiwán lo califica como “el día más oscuro para Hong Kong”, destacando la amenaza que representa para la libertad y la democracia en la ciudad.
La reacción internacional no se hizo esperar, con la Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido y Japón expresando preocupación por el deterioro de las libertades en Hong Kong. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció el proyecto de ley como un paso atrás en la protección de los derechos humanos en la ciudad. Empresarios y periodistas también expresaron temores sobre el impacto en su trabajo diario.
El escenario político de Hong Kong ha sufrido una transformación drástica desde las protestas de 2019, con activistas procesados, medios de comunicación cerrados y un éxodo de profesionales y familias a países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Taiwán. La aprobación de esta ley refuerza el control de Beijing sobre la ciudad, dejando pocas esperanzas para la preservación de las libertades civiles.
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