La Casa Blanca presentó la propuesta presupuestaria para el año fiscal 2026, correspondiente al segundo mandato del presidente Donald Trump, destacando un aumento sustancial en recursos para la seguridad nacional, pero también un severo recorte en otros rubros.
El plan incluye una “inversión histórica” de 175,000 millones de dólares para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), orientada principalmente a reforzar el control fronterizo. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia para limitar la migración irregular hacia Estados Unidos y consolidar la política de seguridad en la frontera sur.
La propuesta también contempla un recorte del 22.6 % en el gasto federal no relacionado con Defensa, lo que representa una reducción de 163,000 millones de dólares en áreas como la salud y la vivienda. Por ejemplo, los Institutos Nacionales de Salud perderían cerca de 18,000 millones, y el Departamento de Vivienda enfrentaría un ajuste de casi 25,000 millones.
En contraste, el presupuesto del Departamento de Defensa aumentaría un 13 %, alcanzando 1.01 billones de dólares, consolidando la tendencia del gobierno Trump a priorizar el gasto militar.
Un punto destacable de la propuesta es que sigue la política de austeridad impulsada por Elon Musk, designado por Trump como titular del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, con el objetivo de recortar lo que considera gastos innecesarios y optimizar el aparato burocrático.
El director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, envió una carta al Senado en la que adelantó detalles de esta propuesta, aunque el contenido completo aún está pendiente de publicarse.
Trump ha prometido recortes fiscales adicionales, afirmando que compensará la reducción en ingresos con un aumento en la recaudación arancelaria, en el contexto de la guerra comercial iniciada con diversos países. No obstante, esto ocurre en un contexto de fuerte endeudamiento: la deuda pública estadounidense supera los 36 billones de dólares, mientras que el gasto federal ronda los 7 billones anuales.
Cabe recordar que, aunque el Ejecutivo fija prioridades, es el Congreso quien tiene la última palabra en la aprobación del presupuesto federal, proceso que suele estar marcado por intensas disputas políticas.
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