Luego de la requisa de la ruta 400 por parte del gobierno de Nuevo León, el empresario Abelardo Martínez García, obtuvo una suspensión por parte de un Juez Federal.
La requisa fue aplicada luego de que, sin autorización, la ruta cobrará a los usuarios 15 pesos de pasaje, es decir, un aumento de 3 pesos.
Cabe destacar que no se tiene claro si se debe regresar la ruta al permisionario a través del gobierno del estado o del Instituto de Movilidad.
“Se concede la suspensión de plano a Transportes Progreso, exclusivamente para el efecto de que no se ejecute la requisa y/o confiscación de sus bienes”, señala la resolución.
El abogado del empresario, Olmo Guerrero, explicó que con dicha resolución se deben cesar los actos derivados de la requisa.
“Va a tener efecto para que cesen los efectos de la requisa, es decir, todos los actos que tengan como origen la requisa no tienen de momento validez legal y no pueden llevarse a cabo”, dijo.
El plazo para cumplir la orden del Juez Federal es de 24 horas.
