La detención del director del periódico Vanguardia de Saltillo, Armando Castilla Galindo, por parte de la Fiscalía de Nuevo León reveló un posible conflicto de interés y vínculos políticos que podrían haber influido en la acción judicial en su contra.
De acuerdo con Vanguardia, la denuncia por presunto fraude fue presentada por el despacho De la Garza-Vega Abogados, ligado a Filiberto de la Garza, hermano de Adrián de la Garza, Alcalde de Monterrey, ex Procurador de Justicia de Nuevo León y quien ostenta el control de la Fiscalía.
El abogado Herwen López Álvarez, citado como asesor jurídico del denunciante, figura además como socio en una empresa con David Ramos Montemayor, titular de la Dirección General de Investigación y Litigación de la Fiscalía estatal, lo que, de acuerdo con especialistas en derecho, configuraría un claro conflicto de interés ante la cercanía entre la parte querellante y el responsable de la investigación.
El operativo para la detención de Castilla Galindo incluyó la movilización de 36 agentes y la participación de la Guardia Nacional, lo que fue calificado por críticos como una acción excesiva e improcedente, dado que la orden de aprehensión se fundamentó en una supuesta rebeldía a presentarse ante el Ministerio Público.
Según Vanguardia su director no había sido notificado.
Un juez de control en Nuevo León ordenó la liberación inmediata de Castilla Galindo al determinar que la Fiscalía no presentó elementos suficientes ni pruebas sustanciales para acreditar el delito de fraude, evidenciando inconsistencias en la acusación.
La defensa del director del periódico expuso pruebas documentales —como sellos de migración y registros bancarios— que lo ubicaban fuera del país en la fecha señalada en la denuncia, lo que reforzó la decisión judicial de no vincularlo a proceso.
El caso generó pronunciamientos de organismos internacionales de prensa y defensores de la libertad de expresión, quienes calificaron la detención como una persecución judicial y exigieron el respeto al derecho al debido proceso.
Organismos civiles, académicos y periodistas han advertido que este episodio pone en evidencia los riesgos de la intersección entre el poder político, la administración de justicia y la libertad de prensa, especialmente cuando existen lazos familiares y empresariales que pueden afectar la imparcialidad de las instituciones.
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