La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) se encuentra nuevamente en el centro de la controversia, esta vez debido a la adjudicación para la construcción de la Fase II del Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional, Eron, en Pereira. El contrato, valuado en más de 200 mil millones de pesos, ha sido objeto de escrutinio por parte de la Procuraduría debido a presuntas irregularidades desde su inicio a finales de diciembre de 2023.
La Procuraduría ha emitido alertas sobre el retraso en la firma del contrato, alegando problemas administrativos y financieros, lo que genera preocupación por posibles sobrecostos y reclamaciones por parte de contratistas e interventores. Además, se ha señalado que la entidad no cumplió con los tiempos establecidos en el plan anual de adquisiciones, lo que podría constituir una violación al principio de planificación y llevar a investigaciones disciplinarias para determinar responsabilidades.
Estas preocupaciones surgen en medio de revelaciones de graves irregularidades por parte de la Contraloría General en contratos anteriores de la Uspec, con un impacto fiscal significativo. Se han identificado anomalías en la adquisición de servicios de vigilancia electrónica, así como en el suministro de alimentos en la cárcel La Picota, lo que ha llevado a la apertura de investigaciones adicionales.
En resumen, el millonario contrato para la construcción de la cárcel se encuentra envuelto en un escándalo de presuntas irregularidades, mientras la Procuraduría y la Contraloría continúan vigilando de cerca las acciones de la Uspec.
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