El Gobernador Samuel García firmó con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores el convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2023 con Entidades Federativas.
Tras la firma del acuerdo, la Federación destinará 308 millones 226 mil 425 pesos para Nuevo León, el Gobernador Samuel García destacó el trabajo conjunto y la coordinación para el combate a la delincuencia, lo cual requiere de la aplicación de recursos.
“Esta es la vía, juntos los tres órdenes de Gobierno poniendo por encima el interés general de la población de garantizar la seguridad pública, como seguiremos luchando en esta tarea para mantener la paz que quieren todos nuestros pueblos”, manifestó.
En su mensaje el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López señaló que no se trata solamente de la distribución de los recursos, sino de revisar la estrategia de seguridad de la Federación y de los gobiernos de los Estados.
“Estamos hoy para ratificar la voluntad del gobierno federal y desde luego de los gobiernos estatales, de cada día ir ganándole la batalla a la delincuencia”, refirió.
Por su parte la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez dijo que este año el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública se incrementó este año un 10 por ciento en relación al 2022, destinados a fortalecer las actividades de los gobiernos de los Estados en materia de seguridad.
La funcionaria federal detalló la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para los Estados de la zona norte del país.
En su intervención la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores dijo que la aplicación de los recursos será en base a las siguientes prioridades nacionales autorizadas en el último Consejo Nacional de Seguridad Pública:
Dignificación del personal de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia; la certificación, capacitación y profesionalización de los elementos policiales; la infraestructura de las instituciones; el sistema de estándares de trabajo y rendición de cuentas de los encargados de la seguridad pública; la prevención de la violencia y del delito; la atención y prevención de la violencia contra las mujeres con perspectiva de género; el fortalecimiento del sistema penitenciario nacional y de ejecución de medidas para adolescentes; y el sistema nacional de información.