En un dramático giro, la Comisión Jurisdiccional del Congreso de Nuevo León ha iniciado un análisis crucial sobre las controvertidas ‘broncofirmas’ que rodean las elecciones de 2018. Aunque la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, denunció que las bancadas del PRI y PAN están prolongando innecesariamente el tema, la comisión se instaló formalmente este miércoles, marcando el comienzo de un proceso que podría tener consecuencias significativas.
La sesión de instalación, que inició a las 15:11 horas, se llevó a cabo en respuesta a la sentencia SRE-PSC-153/2018 de la Sala Regional Especializada del Tribunal Federal Electoral, que exige la imposición de sanciones al exgobernador Jaime Rodríguez y al exfuncionario estatal Manuel González por el uso de “broncofirmas” con recursos del estado en la candidatura presidencial de Rodríguez Calderón.
Sin embargo, la diputada Sandra Pámanes enfatizó en asuntos generales que el Congreso no tiene nada que analizar, ya que la sentencia del Tribunal ordena el apercibimiento por la recolección de firmas, y presentó una solicitud para que la sanción se lleve a cabo en tres días, conforme a la ley de 2018, que implicaría la inhabilitación para ocupar un cargo político por un sexenio.
En una rueda de prensa, la presidenta de la Comisión, Lilia Olivares, aseguró que el caso recibirá la máxima celeridad, pero no garantizó una resolución inmediata. Subrayó que el proceso, que ya lleva más de cuatro años, requiere un estudio meticuloso para evitar errores y asegurar la integridad del procedimiento.
Olivares explicó que la sentencia del Tribunal exige informes del Congreso local sobre el avance del procedimiento, pero no establece un plazo para la definición. La incertidumbre persiste sobre el destino de Rodríguez y González, mientras la Comisión Jurisdiccional enfrenta el desafío de equilibrar la rapidez con la precisión en este caso que ha mantenido a Nuevo León en vilo por demasiado tiempo.
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