Periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles anunciaron este lunes la presentación de una denuncia penal por el espionaje de la Secretaría de la Defensa Nacional documentado en este sexenio.
La denuncia y la exigencia de que la Fiscalía General de la República investigue el caso se dieron a conocer este mediodía durante una rueda de prensa, realizada un día después de la publicación de un reportaje sobre esta situación.
Al inicio de la conferencia, Leopoldo Maldonado, de la organización en pro de la libertad de prensa Artículo 19, dijo que el caso demuestra una de dos posibilidades: o el presidente Andrés Manuel López Obrador mintió al afirmar que ya no se hace espionaje en su sexenio o la Sedena realiza esas prácticas a sus espaldas.
Ricardo Raphael, uno de los tres afectados, consideró que los hechos documentados señalan que los aparatos de inteligencia del país están dominados por militares. Agregó que información suya fue entregada a particulares en específico mencionó a la empresaria Isabel Miranda de Wallace y que, si bien no confía en el fiscal Alejandro Gertz, estimó necesario presentar una denuncia.
“No creo en el fiscal, pero aun así creo que vale la pena presentarla”, dijo.
Daniel Moreno, director de Animal Político, subrayó que este espionaje fue ilegal porque ninguno de los afectados había violado la ley.
Moreno advirtió que esa intromisión dio a quien la hizo, acceso a toda la operación del portal de noticias.
El activista Raymundo Ramos también expuso su caso. Señaló que ha estado bajo vigilancia del Ejército desde hace más de 20 años, a raíz de que él ha investigado las violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas en Tamaulipas.
“No nos van a frenar porque nos infectan un aparato”, aseguró.
Todos los afectados exigieron al gobierno federal garantías de seguridad para ellos y sus familias, al tiempo que pidieron que otros periodistas y activistas que crean ser espiados revisen sus teléfonos celulares.
Otra demanda, dirigida al Senado, es frenar la discusión de la reforma que busca ampliar a 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
