En una contundente declaración, prestigiosos Colegios de Abogados de Nuevo León han alzado la voz exigiendo la remoción del actual Presidente Magistrado del Tribunal Superior de Justicia y consejero de la Judicatura, José Arturo Salinas Garza. La solicitud, respaldada por influyentes instituciones jurídicas, señala que el nombramiento e investidura de Salinas como Gobernador Interino fueron actos inconstitucionales e ilegales por parte del Poder Legislativo.
Los destacados colegios, entre ellos Mexicano Independiente de Abogados del Noreste, Abogados Regiomontanos, A.C, Federación de Colegios Bloquea y Asociaciones de abogados de Nuevo León, A.C, y Colegio de Abogados “Lic. Alejandro de Treviño y Gutiérrez”, unen fuerzas para resaltar la flagrante violación al sistema republicano y democrático del país.
En un escrito entregado al Congreso local, los abogados argumentan que Salinas Garza, al aceptar el cargo de Gobernador Interino, ha comprometido la imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad del Poder Judicial, principios fundamentales que sustentan el Estado de Derecho.
“Presento esta solicitud de remoción del Poder Judicial al C. José Arturo Salinas Garza, en virtud de la falta absoluta de respeto a la imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad que debe prevalecer en las instituciones propias del Poder Judicial en nuestro país y estado, lo cual violenta de manera flagrante la forma de gobierno republicano y las instituciones democráticas en nuestro país”, reza el contundente mensaje contenido en el escrito.
Los abogados subrayan que la aceptación del cargo por parte de Salinas Garza constituye una extralimitación de funciones y una violación a la Constitución Política Federal y Estatal, socavando la necesaria división de poderes y debilitando el Estado Constitucional de Derecho.
Adicionalmente, se destaca en el documento que el Presidente Magistrado ha incurrido en conflictos de intereses debido a su afiliación al Partido Acción Nacional desde 1998, incluyendo su paso como diputado local en el 2000 y federal en 2012.
Esta petición de remoción, respaldada por una coalición de prominentes colegios de abogados, arroja luz sobre las cuestiones cruciales de legalidad, independencia judicial y respeto a los principios democráticos que ahora enfrenta el sistema judicial en Nuevo León.
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