Grave error cometió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al negar a Samuel García, Gobernador de Nuevo León, la protección de la justicia federal en el caso de una posible solicitud de licencia para competir por la Presidencia de la República en 2024.
Recordemos que a mediados de septiembre de 2023, los dirigentes nacionales de los partidos PRI, PAN y PRD convocaron a una rueda de prensa en la cual, de manera expresa, amenazaron al Gobernador con negarle el derecho constitucional a competir en las elecciones de 2024, curiosamente, sin haber mediado anuncio o “destape” alguno por su parte.
“Hemos platicado y si él presentara la licencia, el voto de los diputados va a ser en contra. Que no haga papel de víctima, qué se ponga a jalar y a servir al Estado”, advirtió “Alito” Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, quien evidentemente ignora el contenido del artículo 35 de la Constitución, que nos da a los mexicanos el derecho a votar y ser votados, sin establecer ni prever excepciones de tipo alguno.
Ante la amenaza pública realizada por los viejos partidos, el TRIFE debió haber actuado de inmediato en favor del Gobernador, pues el artículo primero de la Constitución federal establece claramente el principio pro persona, que se refiere a que cuando un juez o autoridad tenga que elegir qué norma aplicar a un determinado caso, deberá elegir la que más favorezca a la persona, sin importar si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley.
En el caso de Samuel, ante la amenaza de los partidos, el tribunal tenía el deber de aplicar la norma más favorable, es decir, el artículo 35 de la Constitución, pero el TRIFE falló (literalmente) en proteger a un ciudadano ante la amenaza expresa de perder la posibilidad de ejercitar sus derechos políticos.
Además, el TRIFE debió considerar que las declaraciones amenazadoras del líder nacional del PRI implican una colaboración DOLOSA entre esos partidos y los diputados locales, un ACUERDO para que los legisladores del estado libre y soberano de Nuevo León NEGARAN al Gobernador el ejercicio de sus derechos políticos.
Es decir, el TRIFE no sólo debió de proteger los derechos electorales de Samuel. También debió dar vista al Ministerio Público por la probable comisión de delitos, al existir una confesión del dirigente nacional del PRI en relación a la existencia de un acuerdo expreso para negar los derechos políticos a un ciudadano.
Es evidente que ante el bajo crecimiento de Xóchitl Gálvez, los viejos partidos creen que lo mejor es impedir la participación de ciudadanos. Sin embargo, en su desesperación, están poniendo en peligro la equidad de la elección de 2024.
Alguien debería regalarles un calendario, para que entiendan la diferencia entre el futuro y el pasado.
Roberto Gallardo
