Invalidar la elección popular de jueces y magistrados federales será propuesto por el Ministro Juan Luis González Alcántara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La propuesta supone invalidar parcialmente la reforma judicial eliminando la figura de los jueces sin rostro y el método de selección de los juzgadores que realizarían los Comités de Evaluación.
El proyecto de sentencia declara parcialmente procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad promovida contra la reforma por el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.
El proyecto, que incluye también mantener los 9 ministros que ocuparán el Pleno en el 2025 -como lo establece la reforma judicial-, se discutiría la próxima semana.
Para invalidar la reforma, es necesaria una mayoría de 8 votos.
“No existe certeza para los aspirantes al cargo de las cualidades que resultarán, en última instancia, definitorias para alcanzar a ser incluido en las listas”, señala el proyecto de sentencia.
“No existe certeza para los candidatos sobre las maneras en que será equitativo hacer uso de los espacios públicos, ni el tipo de contenido que podría ser objeto de promesa de campaña.
“No existe certeza para la ciudadanía sobre los perfiles que se le presentarán en una lista masiva y bajo un sistema que no ofrece, tampoco, garantías para que se emita un voto informado. En última instancia, no existe certeza para las personas sobre los perfiles de las personas juzgadoras que, el día de mañana, impartirán justicia y dirimirán conflictos sobre sus derechos, sus obligaciones y sus libertades.
“Por lo antes expuesto, aun sin analizar la mera elección popular como un método compatible con el régimen democrático y republicano para la elección de personas juzgadoras, es claro que tanto el sistema de postulación de candidaturas como el sistema de listas generado para la votación, corrompen los fundamentos de nuestra República”.
González Alcántara consideró que los ministros no están impedidos para pronunciarse sobre la elección de los integrantes del Pleno de la Corte, sin embargo, en aras de una mejor relación con el Ejecutivo y Legislativo, desestimó presentar una propuesta para invalidar este punto.
De acuerdo con la ponencia, la Corte sí tiene la facultad de revisar las impugnaciones contra reformas constitucionales, pero debe hacerlo en forma excepcional.
El Ministro desestimó los argumentos de los partidos políticos, en el sentido de que la reforma judicial implica que los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como Morena, se hagan del control del Poder Judicial de la Federación.
