La destacada legisladora Mónica Miriam Granillo Velasco, representante del Estado de México, ha presentado una propuesta legislativa que busca establecer el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de México”. Esta iniciativa, respaldada por reformas al Código Civil y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado, tiene como objetivo central concentrar información relevante sobre personas designadas como deudores alimentarios morosos por decisión judicial. La finalidad es garantizar la efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La propuesta establece que el Registro Civil, a través de su unidad administrativa especializada, será responsable de sistematizar, consultar y actualizar la información relacionada con el incumplimiento de obligaciones alimentarias. Además, se encargará de proporcionar datos actualizados al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Lo más relevante es que la información publicada en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos será de acceso público, cumpliendo con las disposiciones de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Este contenido estará disponible de manera mensual en el portal ciudadano del Gobierno del Estado de México.
La propuesta legislativa destaca que quienes proporcionen informes sobre la capacidad económica de los deudores alimentarios deben suministrar datos exactos según lo requiera el Juez de lo Familiar. En caso de incumplimiento, se les hará responsables solidarios del pago de daños y perjuicios causados al acreedor alimentario.
Además, establece la obligación del deudor alimentario de informar cambios en su empleo, ubicación y cargo en un plazo máximo de quince días hábiles al acreedor alimentario y a la autoridad correspondiente. Esta medida busca garantizar la actualización de la pensión alimenticia decretada.
Entre los requisitos más destacados, la propuesta sugiere la presentación del certificado de no inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios para obtener licencias o permisos de conducir, pasaportes o documentos de identidad de viaje. También se propone su inclusión en procesos como aspirante a cargos públicos y de elección popular, así como para ser juez o magistrado. En las solicitudes de matrimonio, el juez del Registro Civil deberá informar si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito en el registro y su situación respecto a sus obligaciones alimentarias. Esta iniciativa busca garantizar una aplicación más efectiva y rigurosa de la legislación en este ámbito crucial para el bienestar de la infancia en el Estado de México.
