En un paso trascendental, las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República han dado luz verde al dictamen que busca la promulgación de una nueva Ley General de Población y la revocación de la legislación vigente en esta área, que data de su promulgación en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974.
Este hito legislativo, respaldado por una abrumadora mayoría de votos a favor, no solo busca adecuar el marco legal mexicano a la actual dinámica demográfica, sino que también aborda un cambio monumental al incorporar datos biométricos en la Clave Única de Registro de Población (CURP).
Una de las reformas más notables dentro de esta nueva ley es la obligatoriedad para los ciudadanos mexicanos de registrarse en el Registro Nacional de Población y obtener su CURP con una fotografía oficial. Este documento no solo actuará como una sólida credencial de identificación, sino que también contendrá información esencial, como nombre, apellidos, lugar y fecha de nacimiento, firma y huellas dactilares del titular.
Adicionalmente, se establece un plazo máximo de 15 años para la vigencia de la CURP, lo que garantiza una actualización regular y precisa de los datos.
La responsabilidad de emitir la nueva CURP con foto recae en el Consejo Nacional de Población, un órgano colegiado encabezado por la Secretaría de Gobernación. Esta estructura promete una coordinación efectiva entre las instituciones gubernamentales involucradas.
En el núcleo de esta legislación se encuentra el firme compromiso de abordar los desafíos que presenta la actual realidad demográfica de México desde una perspectiva de derechos humanos, federalismo, diversidad cultural, igualdad de género y desarrollo sostenible. Durante las discusiones, se hizo hincapié en la promoción de un envejecimiento saludable, activo y productivo de la población, basado en políticas públicas respaldadas por datos sociodemográficos con un enfoque proyectivo.
No obstante, la aprobación de esta ley no estuvo exenta de debate. Senadores de distintos partidos expresaron sus opiniones y preocupaciones. Por ejemplo, el senador José Alfredo Botello Montes, del PAN, planteó inquietudes sobre la educación sexual en niños y adolescentes, mientras que la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, enfatizó la necesidad de considerar la protección de datos personales y la proporcionalidad en la recopilación de información.
El senador Noé Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano, destacó la importancia de abordar los aspectos técnicos y presupuestarios relacionados con la recopilación de datos biométricos para evitar que la ley sea ineficaz.
Es importante subrayar que esta nueva ley aún no ha sido completamente aprobada y su proceso legislativo está en curso, ya que debe pasar al pleno de la Cámara alta para su ratificación final.
