El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ejecutó este martes 20 de enero de 2026 el traslado de 37 presuntos operadores de organizaciones criminales hacia diversas jurisdicciones en Estados Unidos. El secretario Omar García Harfuch informó que la medida responde a solicitudes de extradición por delitos de narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero, consolidando una fase de cooperación binacional de alta intensidad.
LOGÍSTICA Y DESTINOS DEL OPERATIVO
El despliegue se realizó bajo un estricto protocolo de seguridad que involucró el uso de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas. Los imputados, que se encontraban recluidos principalmente en el penal de máxima seguridad del Altiplano, fueron entregados a las autoridades estadounidenses en las ciudades de:
- Centros neurálgicos: Washington D.C., Nueva York y Houston.
- Puntos estratégicos: San Antonio, San Diego y Pensilvania.
- Condición humanitaria: Como parte de los acuerdos diplomáticos, el Departamento de Justicia de EE. UU. garantizó formalmente que no se solicitará la pena de muerte para ninguno de los extraditados.
DEBILITAMIENTO DEL CRIMEN TRANSNACIONAL
Este movimiento representa el tercer traslado masivo en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, alcanzando un total de 92 individuos enviados a enfrentar la justicia estadounidense. Según García Harfuch, estas acciones tienen como objetivo principal fragmentar las estructuras de mando de los cárteles que operan en ambos lados de la frontera.
El operativo ocurre en un contexto de renovada presión por parte de la administración de Donald Trump, con quien el gobierno mexicano ha mantenido diálogos recientes enfocados en la seguridad fronteriza y el combate al tráfico de fentanilo. Las autoridades mexicanas enfatizaron que el proceso se realizó con estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional y respetando plenamente la soberanía del país.
UN MENSAJE DE COOPERACIÓN REFORZADA
La entrega de estos 37 operadores criminales es interpretada como una señal de compromiso de México ante las demandas de seguridad de su principal socio comercial. Al remover a estos perfiles —considerados de alta peligrosidad y riesgo para la seguridad pública—, el Gobierno busca no solo cumplir con tratados internacionales, sino también reducir la capacidad operativa de las bandas delictivas en territorio nacional, asegurando que sus crímenes no queden impunes ante sistemas judiciales extranjeros.
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