El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desautorizó de manera fulminante la suspensión temporal de operativos vehiculares que la dirección del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas había dictaminado apenas veinticuatro horas antes, instruyendo a las corporaciones federales a reanudar de forma inmediata las detenciones de carácter migratorio durante los controles de tránsito en la vía pública.
La sorpresiva orden del mandatario revoca la directriz del Departamento de Seguridad Nacional, dependencia que había optado por decretar una tregua táctica en las carreteras con el propósito de auditar los esquemas de uso de la fuerza, luego de suscitarse dos polémicas persecuciones que culminaron con el fallecimiento por proyectil de arma de fuego de un ciudadano mexicano en Texas y un ciudadano colombiano en Maine.
A través de una enérgica proclama difundida en su plataforma digital Truth Social, el líder del Ejecutivo estadounidense calificó los retenes e interceptaciones automovilísticas como uno de los mecanismos de combate al crimen y a la internación indocumentada más eficientes de su actual administración, sentenciando que prescindir de dicha herramienta equivaldría a ceder terreno ante las agendas de las corrientes políticas de izquierda.
Si bien el mandatario exhortó a los agentes adscritos a la división de Operaciones de Ejecución y Eliminación a conducirse bajo estrictos parámetros de profesionalismo, firmeza y equidad en el asfalto, dejó en claro que su estrategia de fronteras seguras no tolerará parálisis operativas en las principales arterias viales del país.
La drástica resolución del magnate neoyorquino emerge en medio de un clima de crispación civil y airadas protestas callejeras organizadas en las urbes donde acontecieron los letales incidentes de tránsito, donde las investigaciones preliminares de las fiscalías locales revelaron que las víctimas mortales no figuraban originalmente como los objetivos principales en las órdenes de aprehensión de los oficiales de ICE.
Los colectivos y las organizaciones defensoras de los derechos civiles reaccionaron con indignación ante la reactivación de las redadas camineras, denunciando que la falta de equipamiento obligatorio de cámaras corporales en las brigadas de deportación perpetúa la opacidad institucional y multiplica el peligro de tiroteos para los automovilistas que transitan por territorio estadounidense.
