El Gobierno federal puso a consulta nuevos lineamientos para regular contenidos de radio y televisión, medida que desató acusaciones de censura por otorgar a la autoridad facultades de supervisión y sanción.
La propuesta permanecerá abierta del 27 de julio al 21 de agosto y sería obligatoria para concesionarios de radio, televisión abierta, televisión y audio de paga, además de empresas programadoras.
Entre las obligaciones planteadas están diferenciar la información noticiosa de las opiniones, separar claramente la publicidad, emitir códigos de ética, designar defensores de las audiencias y garantizar el derecho de réplica.
El anteproyecto también dispone que los medios eviten difundir información falsa, descontextualizada o histórica como si fuera actual, conforme a los criterios editoriales incluidos en sus propios códigos de ética.
Esta disposición encendió las alertas entre empresarios, organizaciones civiles y especialistas, quienes cuestionaron quién determinará si una noticia es falsa, incompleta, descontextualizada o carente de elementos suficientes para considerarse veraz.
Las audiencias podrían presentar una queja dentro de los siete días siguientes a la transmisión cuestionada. El defensor del medio tendría un máximo de 20 días para analizarla y emitir una determinación.
Cuando considere vulnerados los derechos de la audiencia, el defensor podría recomendar rectificar o modificar el contenido, programa o publicidad, resolución que el concesionario deberá publicar en internet dentro de las siguientes 24 horas.
La persona inconforme también podría recurrir ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, organismo facultado para realizar monitoreos, requerir información y supervisar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.
El proyecto establece multas equivalentes al 0.01 y hasta el uno por ciento de los ingresos acumulables de cada concesionaria o programadora que incurra en infracciones a los lineamientos.
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión advirtió que las reglas contienen conceptos ambiguos que permitirían al Gobierno decidir qué información es falsa o descontextualizada y aplicar sanciones discrecionales.
La CIRT consideró que el proyecto desvirtúa la autorregulación y reduce la independencia del defensor de las audiencias, al colocarlo bajo la supervisión de una autoridad dependiente del Gobierno federal.
Artículo 19 alertó que la amplitud de los criterios podría provocar autocensura, pues los medios enfrentarían sanciones elevadas mientras una institución gubernamental resolvería si sus investigaciones, opiniones o contenidos cumplen con parámetros de veracidad.
Leopoldo Maldonado, director regional de la organización, reconoció avances en accesibilidad e inclusión, pero sostuvo que las disposiciones vagas sobre información y opinión podrían inhibir el trabajo periodístico y la crítica al poder.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito también advirtió que la regulación podría abrir mecanismos de control político y vulnerar la pluralidad informativa y la libertad editorial.
Desde el PAN, el Senador Marko Cortés acusó al Gobierno de seguir “el manual del autoritarismo” y llamó a concesionarios y periodistas a denunciar internacionalmente cualquier intento de censura.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones y aseguró que el objetivo no es censurar ni imponer multas, sino empoderar a las audiencias mediante mecanismos de autorregulación administrados inicialmente por cada medio.
Sheinbaum sostuvo que los concesionarios elegirán a sus defensores y que la intervención de la Comisión ocurrirá después de agotarse el procedimiento interno, cuando una audiencia considere que su inconformidad no fue atendida.
Aunque los lineamientos sólo abarcan actualmente radio y televisión, la Mandataria dejó abierta la posibilidad de revisar posteriormente si este modelo debe extenderse a la prensa escrita y las plataformas digitales.
En contraste con las advertencias, el investigador Raúl Trejo Delarbre consideró que las obligaciones no son nuevas, pues derivan de derechos incorporados desde 2014 y de resoluciones posteriores de la Suprema Corte.
Trejo sostuvo que no existiría censura mientras la autoridad se limite a aplicar la ley y las sanciones recaigan sobre incumplimientos administrativos, como carecer de códigos de ética o defensores de las audiencias.
La consulta no es vinculante y la Comisión deberá revisar las observaciones de ciudadanos, académicos, organizaciones y concesionarios antes de aprobar la versión definitiva y, eventualmente, publicarla en el Diario Oficial de la Federación.
