La noche del domingo, agentes de la Policía Nacional Civil de El Salvador detuvieron a Ruth López, abogada y activista de derechos humanos, conocida por su trabajo al frente de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal. La Fiscalía la acusa de peculado, un delito que presuntamente cometió cuando fue asesora del entonces presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas.
La ONG Cristosal calificó el arresto como “una escalada en la represión de voces críticas” hacia el gobierno de Nayib Bukele. Horas después de la detención, la organización denunció que ni la familia ni su defensa legal conocían el paradero de López, lo que podría constituir una desaparición forzada de corta duración.
Ruth López ha sido una figura central en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la corrupción. Nacida en San Salvador en 1977, estudió Derecho en La Habana, Cuba, y regresó a su país en 2008. Desde entonces, ha trabajado en diversas instituciones públicas, además de liderar investigaciones sobre el uso de software espía contra periodistas y contratos irregulares durante la pandemia.
En una entrevista de marzo de 2024, López expresó: “Desde la perspectiva del poder, es mejor que la gente no sepa, porque en la medida que la gente no sabe, ejerce menos sus derechos”.
El arresto ocurrió en su domicilio alrededor de las 11 de la noche. En una grabación citada por El Diario de Hoy, se escucha a López señalar: “Aquí la única razón de la detención es que soy defensora de derechos humanos y trabajo en una ONG incómoda al gobierno”.
El caso ha desatado reacciones a nivel internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno salvadoreño informar sobre su paradero. Human Rights Watch advirtió que este arresto “marca una peligrosa escalada en el intento del presidente Bukele por silenciar la disidencia”. Amnistía Internacional exigió su liberación inmediata.
El contexto agrava la preocupación. En días recientes, el gobierno anunció una nueva ley que obligaría a ONGs con fondos extranjeros a ceder el 30% de sus ingresos al Estado. Además, se han registrado otras detenciones, como la del activista del Foro del Agua, Alejandro Henríquez, y la salida forzada del país de tres periodistas del medio El Faro.
“En la última semana y media se ha dado una escalada en contra de la sociedad civil en general para eliminar cualquier voz crítica y continuar concentrando el poder”, advirtió el director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock.
Hasta el momento, la Fiscalía General no ha dado detalles concretos sobre los hechos que motivaron la acusación. La Presidencia tampoco ha emitido un pronunciamiento oficial.
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