Colectivos ciudadanos y activistas informaron que obtuvieron una suspensión definitiva contra las demoliciones realizadas por el Alcalde de Monterrey Adrián de la Garza en el Arco de la Independencia, aunque el daño urbano y patrimonial en la zona ya fue consumado parcialmente.
La resolución fue emitida dentro del juicio de amparo 506/2026 por la Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, quien ordenó al Municipio acreditar que cuenta con los permisos y autorizaciones necesarias para intervenir el área histórica.
La medida judicial frena las demoliciones y obras en el cruce de Pino Suárez y Madero, donde ya habían sido retirados pasos peatonales para abrir carriles en medio del arco.
La suspensión federal fue concedida al considerar que las modificaciones podrían generar “daños difíciles o imposibles de reparar” al patrimonio cultural.
Según la información publicada, el juzgado también solicitó la intervención del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) para determinar si las obras requerían autorización federal y qué medidas de protección debían aplicarse para salvaguardar el monumento histórico.
El conflicto escaló luego de que tanto el INBAL como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) solicitaran administrativamente detener los trabajos por presuntas irregularidades relacionadas con permisos y validaciones federales.
Aunque el Municipio ha defendido el proyecto bajo el argumento de mejorar la movilidad en la zona, la intervención provocó críticas de colectivos urbanos, defensores del patrimonio histórico y organizaciones civiles, quienes acusaron que se priorizó el flujo de automóviles sobre la seguridad peatonal y la conservación histórica.
El Arco de la Independencia, inaugurado en 1910 para conmemorar el Centenario de la Independencia de México, había concluido apenas en agosto de 2025 un proceso integral de restauración coordinado por la Secretaría de Cultura estatal.
Las imágenes difundidas tras el inicio de las obras muestran afectaciones al entorno inmediato del monumento, retiro de infraestructura peatonal y modificaciones urbanas que detonaron la batalla legal.
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