La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha presentado los lineamientos centrales del Presupuesto de Egresos de la Federación, destacando una estructura financiera diseñada para fortalecer simultáneamente el bienestar social y la infraestructura estratégica del país. De acuerdo con la mandataria, el gasto público para este ejercicio fiscal se articula en dos ejes fundamentales: el primero, una inversión cercana a un billón de pesos destinada exclusivamente a programas de bienestar. Este monto garantiza la continuidad de la pensión universal para adultos mayores de 65 años, los apoyos para personas con discapacidad y una ambiciosa ampliación de las becas educativas, que a partir de este ciclo incluyen recursos específicos para la adquisición de útiles y uniformes escolares en el nivel primaria.
En el ámbito del desarrollo económico, el Gobierno Federal ha asignado casi un billón de pesos adicionales a la inversión pública en sectores críticos como carreteras, sistemas de agua potable, hospitales y equipamiento médico avanzado. Gracias a la implementación de esquemas financieros innovadores diseñados por la Secretaría de Hacienda, la inversión pública experimentará un crecimiento adicional de 722 mil millones de pesos, lo que representa el 2 % del Producto Interno Bruto (PIB). Esta estrategia busca no solo cerrar las brechas de desigualdad regional, sino también dotar al país de la infraestructura necesaria para atraer nuevas inversiones y mejorar la competitividad de la producción energética nacional, con un énfasis creciente en la generación a través de fuentes renovables.
Hacia el cierre del sexenio en 2030, la administración proyecta una inversión total acumulada de 59 billones de pesos, la cual se sustentará mayoritariamente en recursos públicos y se complementará con modelos de inversión mixta bajo una nueva visión de soberanía. La presidenta Sheinbaum subrayó que estos esquemas se diferencian de las antiguas Asociaciones Público-Privadas (APP) al evitar contratos desproporcionados, tasas de interés lesivas y la cesión de concesiones estratégicas, asegurando que el control de los activos nacionales permanezca siempre en manos del Estado. El objetivo final es detonar un crecimiento económico con sentido social, donde el fortalecimiento del sistema de salud y el acceso al riego agrícola funcionen como motores de prosperidad para todas las regiones de México.
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