Un entrenador de fútbol de nacionalidad mexicana fue condenado a una pena de 30 años de prisión federal en los Estados Unidos, tras hallársele culpable de múltiples cargos relacionados con la explotación sexual de menores, la grabación de las agresiones y la falsificación de documentos de identidad y migratorios en el estado de Tennessee. El imputado, identificado como Camilo Campos-Hurtado, de 66 años de edad y residente de la localidad de Franklin, recibió el dictamen judicial por parte de la Fiscalía Federal del Distrito Medio de Tennessee, estableciéndose además un periodo obligatorio de cinco años de libertad supervisada una vez que logre cumplir la totalidad de su condena tras las rejas.
El desmantelamiento del caso penal se originó en junio de 2023 gracias al hallazgo fortuito de un teléfono celular que el acusado dejó olvidado en un establecimiento comercial de Franklin. El ciudadano que localizó el dispositivo electrónico descubrió grabaciones con contenido sexual explícito que involucraban a menores de edad, lo que motivó un reporte inmediato ante el Departamento de Policía local. La alerta ciudadana desencadenó una intervención coordinada de la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional, cuyos agentes ejecutaron cateos en las propiedades del señalado, recuperando evidencias digitales de abusos y un stock de identificaciones migratorias falsificadas.
De acuerdo con las indagatorias desarrolladas por los ministerios públicos federales, Campos-Hurtado aprovechaba de manera sistemática su rol de liderazgo e influencia como instructor deportivo para ganarse la confianza de los infantes y de sus respectivos núcleos familiares. Las investigaciones forenses de los peritos en informática determinaron que el sujeto recurría al suministro de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes para vulnerar e incapacitar físicamente a las víctimas antes de perpetrar las agresiones. Aunque el expediente penal concentra los cargos por ilícitos cometidos en el periodo de 2017 a 2021, los peritajes tecnológicos confirmaron la producción de material audiovisual ilícito desde enero de 2013.
El procesado se había declarado formalmente culpable desde junio de 2025 ante los tribunales federales, admitiendo la responsabilidad de cuatro cargos de explotación sexual infantil, un cargo de recepción de material prohibido, posesión de documentación migratoria fraudulenta e identidad robada. Los representantes del Ministerio Público norteamericano habían solicitado originalmente una condena máxima de 50 años de prisión debido a la gravedad de las conductas y el prolongado espectro temporal de los abusos; no obstante, el juzgador de la causa fijó la sentencia definitiva en 360 meses de cárcel con base en los lineamientos federales.
La representación judicial precisó que el sentenciado residía en la Unión Americana sin contar con un estatus migratorio regular. Las agencias de procuración de justicia estadounidenses confirmaron que una vez que el exentrenador concluya su respectiva sanción en los complejos penitenciarios federales, así como cualquier cargo pendiente en el fuero estatal, será puesto a disposición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas con la finalidad de iniciar el juicio administrativo correspondiente para proceder a su deportación definitiva hacia la República Mexicana.
