La Primera Sala de la Suprema Corte resolvió un amparo interpuesto en 2021 por el Grupo de Información en Reproducción Asistida (GIRE) que busca que todas las mujeres y personas gestantes tengan acceso a abortos seguros.
“Esta Primera Sala determina que la inaplicación de las normas que criminalizan el aborto a nivel federal deberá ser llevada a cabo por parte de cualquier autoridad jurisdiccional y administrativa, específicamente, por el personal de las instituciones de salud involucrado con la práctica de la interrupción del embarazo y los agentes del Ministerio Público que reciban las denuncias por estos hechos”, señala el proyecto aprobado, elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat.
De acuerdo con Brenda Rodríguez, integrante del GIRE, hasta antes de esta resolución de la Corte las instituciones federales rechazaban atender las solicitudes de interrupción del embarazo debido a que se regían por lo señalado en el Código Penal Federal.
A partir de ahora, las instituciones de salud como el IMSS, ISSSTE y PEMEX deberán tratar el aborto como cualquier otra enfermedad, en particular en la Ciudad de México en dónde a pesar de que se despenalizó desde hace varias décadas, las instituciones federales no estaban regidas por la ley local.
Brenda Rodríguez indicó que esta resolución también incluye al personal médico que práctica los abortos. “La idea es que siempre que sea un consentimiento de aborto voluntario los médicos están protegidos”.
