Organizaciones defensoras de los derechos civiles, colectivos académicos y gremios de la prensa internacional interpusieron una demanda formal contra la administración del presidente Donald Trump, tras la emisión de una directiva federal que impone severas restricciones a los visados concedidos a estudiantes universitarios y comunicadores extranjeros. La acción judicial, presentada ante un tribunal federal, busca frenar la aplicación de las nuevas normas migratorias al considerarlas violatorias de la Constitución y del derecho a la libertad de prensa y cátedra.
La controversia se centra en la modificación de los permisos de estancia para los titulares de visados tipo F-1 (estudiantes) y tipo I (representantes de medios de comunicación internacionales). Bajo el nuevo esquema gubernamental, las autoridades migratorias eliminaron el beneficio tradicional de “duración de estatus” —que permitía permanecer en el país mientras durara el programa académico o la cobertura informativa— para reemplazarlo por un límite estricto de vigencia fija, obligando a los solicitantes a realizar engorrosos trámites de renovación periódica con alto riesgo de deportación.
Los demandantes argumentan que la medida busca amedrentar a las instituciones educativas y silenciar la labor del periodismo independiente que reporta desde suelo estadounidense. Diversas universidades advirtieron que la norma desalienta la llegada de talento internacional y pone en riesgo la estabilidad de miles de alumnos matriculados, mientras que las agencias de noticias extranjeras señalaron que los límites de tiempo arbitrarios obstaculizan la cobertura de asuntos de interés público mundial.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la regulación argumentando que el ajuste es necesario para reforzar la seguridad nacional, mejorar el control biométrico de los visitantes y evitar el vencimiento irregular de estancias prolongadas. Mientras el litigio avanza en las cortes federales, grupos comunitarios y entidades legales han solicitado una orden de restricción temporal para suspender los efectos de la orden ejecutiva en tanto se emite un fallo definitivo sobre su constitucionalidad.
